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La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó 10 acciones con las que dará seguimiento a las reformas en materia de desaparición que el Congreso aprobó hace tres semanas y que obliga a los mexicanos a otorgar sus datos biométricos al gobierno a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, dijo que estas acciones darán seguimiento preciso a los compromisos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum adquirió con los 450 colectivos de búsqueda de personas que participaron en los diálogos con la Secretaría de Gobernación.
Estas acciones ya están en marcha, según remarcó el funcionario, y algunas tienen fecha límite para estar funcionando. La primera es la expedición del Reglamento de la Ley General de Búsqueda, que deberá estar listo antes del 15 de octubre de este año.
Una segunda acción es la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), que unifica y regula las tareas de búsqueda en todo el país y brinda protección a las familias de buscadores.
El tercer compromiso es la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Alerta Nacional de Búsqueda, en las que ya trabajan el Registro Nacional de Población (Renapo) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), pues debe estar activado y funcionando también antes del 15 de octubre.
Esa Plataforma Única de Identidad vinculará los registros públicos y privados de datos biométricos y desapariciones denunciadas ante las fiscalías locales. Por ello, también se trabaja con la Fiscalía General de la República (FGR) para la integración de sus bancos de datos.
Una cuarta acción es que en todas las búsquedas de personas desaparecidas deben proporcionarse datos biométricos e imágenes satelitales que permitan dar seguimiento a los rastreos.
La quinta acción es el fortalecimiento de las fiscalías especiales y del Banco Nacional de Datos Forenses. El subsecretario Arturo Medina especificó que las fiscalías tienen el compromiso de abrir vacantes y comenzar la contratación de más personal, profesionalizarlo y capacitarlo en materia de derechos humanos.
Una sexta acción es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, registro que obliga a las fiscalías locales y especializadas a abrir de inmediato carpetas de investigación ante la desaparición de una persona y actualizarla en tiempo real para la consulta de familiares y otras dependencias interesadas.
La séptima acción es la atención al rezago en la identificación de cuerpos en fosas comunes y sitios forenses.
Sobre esa tarea, la Segob aseguró que es una tarea titánica, pues en principio deben conocer el universo total de cuerpos sin identificar.
“Tenemos, en todo el país, un rezago de décadas en la identificación de cuerpos. Por eso, todas las dependencias deben ponerse al corriente en esa tarea, sobre todas las autoridades locales”, afirmó Medina.
La octava acción de seguimiento es la atención especial a los hijos e hijas de personas desaparecidas, a través del otorgamiento de garantías de acceso a los programas sociales del gobierno federal y un programa especial de apoyo para ellos como víctimas directas de la desaparición forzada.
Sobre ese programa dijeron que se darán más detalles después.
Una novena acción es que el Sistema Nacional de Búsqueda sesione de manera periódica y la décima es presionar a los gobiernos locales para que actualicen sus leyes en materia de desaparición.
