Ante la amenaza del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar deportaciones masivas a partir del próximo 20 de enero, activistas y expertos en migración llamaron a hacer una reforma profunda y fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM) ante la llegada de miles de migrantes.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, los expertos opinan que actualmente hay un Instituto Nacional de Migración que no ha tenido una reforma profunda desde hace años y se presenta el nuevo reto con el regreso de Donald Trump.
Explican que la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos genera más presiones hacia las autoridades mexicanas, por lo que se prevé un escenario más complejo, porque se fortalecerán las políticas de contención y de detención migratoria usando a militares e integrantes de la Guardia Nacional, pero sin una estrategia innovadora.
Lee también: Esteban Moctezuma y De la Fuente recorren consulados en EU; alistan estrategias frente a deportaciones masivas
Opinan que la designación de Sergio Salón Céspedes es política, pues no tiene experiencia en migración o derechos humanos y su perfil se asemeja al de Francisco Garduño.
También cuestionaron que más de 40% de las delegaciones estatales del INM con mandos castrenses vayan a permitir una política migratoria de corte humanitario o por lo menos que respeten los derechos humanos de los extranjeros que cruzan por México.
Aunado a esto, se le suma que en el Congreso hay una docena de iniciativas para reformar al INM; sin embargo, ninguna ha prosperado y se mantienen en la congeladora.
Reforma
En el tercer debate presidencial, el pasado 19 de mayo, Claudia Sheinbaum propuso reformar el INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para atender el fenómeno de la migración en México, pues reconoció que nuestro país ha dejado de ser de tránsito y se ha convertido en destino.
Sin embargo, en la iniciativa de reforma que modificó las funciones o nombres de otras 15 dependencias federales y creó la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se mantuvo intacto al INM, así como las políticas de militarización, detención y deportación de migrantes.
Activistas y defensores de derechos humanos han destacado que el INM en el sexenio pasado incurrió en diversas violaciones a los derechos de los migrantes, entre ellas el incendio en la estación de Ciudad Juárez, con un saldo de 40 extranjeros fallecidos. Sin embargo, el caso se mantiene en la impunidad, con el extitular del instituto, Francisco Garduño, en libertad y sin la reparación del daño a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.
Al respecto, Jerónimo del Río, especialista en migración e investigador de la Fundación para la Justicia, dijo a EL UNIVERSAL: “Vemos con mucha preocupación que no existen las condiciones en este nuevo gobierno para adoptar una política migratoria de respeto a los derechos humanos de la población migrante.
“No hay razones para pensar que la gestión del nuevo gobierno vaya a representar cambios significativos para la población migrante en su tránsito por México porque observamos que la militarización sigue muy presente y sigue siendo la estrategia principal para tratar el tema migratorio de nuestro país”, apuntó.
Del Río dijo que a ello se suma la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y las presiones que se están haciendo a las autoridades mexicanas, “lo cual nos hace pensar que será todavía más complejo y se fortalecerán las políticas de contención y detención migratoria usando a militares y a la Guardia Nacional”, añadió.
Respecto al nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, dijo que es un nombramiento político, sin experiencia en materia migratoria o de derechos humanos, sin criterios de idoneidad, que se asemeja a los que ha habido en el pasado, como fue el caso de Francisco Garduño.
“Es evidente que no habrá una reestructuración del INM, de la política migratoria, y ello es una oportunidad perdida. La Presidenta tiene la posibilidad de hacerlo, pero no ha dado indicios de que así vaya a ser, sino más bien de que habrá continuidad”, apuntó.
Consideró preocupante, como fue con el caso de Francisco Garduño, quien está siendo juzgado como uno de los responsables de la muerte de 40 migrantes en un albergue del INM en Ciudad Juárez, que el nuevo titular, Sergio Salomón, es ya el funcionario, sin experiencia, que conducirá el destino de miles de personas que transitan por el país y que en su mayoría deberían ser sujetas de protección internacional.
Además, dijo que preocupa mucho el contexto de reformas que ha habido actualmente en el país, como el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, que, según consideró, acrecienta todavía más la militarización de la política migratoria.
Descartó que estos perfiles, sumado a que más de 40% de las delegaciones estatales del INM tienen al frente a mandos castrenses, vayan a permitir una política migratoria de corte humanitario o por lo menos que respete los derechos humanos de los extranjeros que cruzan por México.
Jerónimo del Río aseveró que, a pesar de las promesas de campaña de reformas al INM y la Comar, no ha ocurrido nada, por lo que se prevé que se mantendrá en este sexenio el sistema carcelario de migración.
“No hemos identificado de momento que se esté optando por una alternativa a la detención migratoria, creemos que sigue siendo la principal herramienta de contención de los flujos migratorios que utiliza el Estado mexicano”.
Argumentó que están documentados desde la sociedad civil y de las organizaciones que los migrantes siguen sobreviviendo a las peores situaciones en el territorio mexicano, donde hablan de violaciones que van desde la tortura hasta la desaparición forzada.
Indicó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional siguen en este sexenio realizando labores de control y verificación migratoria, principalmente en los estados de la frontera sur, pero también en la ruta de los migrantes y en el norte del país.
Más de una decena de reformas para frenar abusos y tragedias, en la “congeladora”
A la par de unos 50 exhortos y puntos de acuerdo para que renunciara al cargo el anterior titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño —luego de la tragedia en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua—, en los últimos tres años se han presentado una decena de iniciativas de reforma a esa dependencia de la Segob, las cuales se mantienen en la “congeladora” legislativa.
Entre otras, destacan la impulsada en diciembre de 2023 por el senador del PRI Manuel Añorve, que buscaba establecer protocolos de emergencia y protección en las estaciones migratorias, garantizar los derechos humanos de los extranjeros y publicar anualmente un diagnóstico sobre dichos centros.
En abril de 2023, el senador del PAN Roberto Moya Clemente presentó la iniciativa que proponía establecer que el Instituto Nacional de Migración sólo podrá presentar a los extranjeros que lo ameriten, de manera excepcional y si no hubiera forma de aplicar otra medida cautelar, en estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin.
Lee también: Deportaciones desde EU alcanzan cifra récord en una década; supera a las realizadas durante primer mandato de Trump
Senadores del PAN en noviembre de 2021 presentaron una iniciativa de reforma para que autoridades estatales y municipales cuenten con facultades complementarias y concurrentes con la Federación para el establecimiento y gestión de estaciones migratorias, así como para la protección de los derechos de los migrantes en su paso o estancia en el territorio de su jurisdicción.
En junio de 2023, senadores y diputados de todas las bancadas participaron en el Seminario para el Fortalecimiento del Marco Normativo Federal para una Migración Segura, Ordenada y Regular en México, donde se comprometieron a reformar la Ley de Migración en México como parte de un esfuerzo bicameral en el Congreso de la Unión para avanzar en el fortalecimiento del marco normativo federal en materia migratoria.
Señalaron que, a más de 10 años de la adopción de la Ley de Migración en el país, el interés para revisar y actualizar dicho instrumento surge en un contexto complejo en donde los flujos migratorios han alcanzado cifras sin precedentes en México y en el hemisferio occidental, planteando un llamado urgente a la acción para lograr una migración segura, ordenada, regular y beneficiosa tanto para los migrantes mexicanos, como para los de otras nacionalidades.