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Miriam Ramírez
El médico anestesiólogo Gustavo Dardwin Aguirre Castro, con residencia en Los Cabos, Baja California Sur, se enfrenta a una investigación penal por haber adquirido fentanilo para uso médico. Desde hace un mes su casa está asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de un cateo en el que encontraron cuatro cajas con seis ampolletas de fentanilo cada una.
La defensa del especialista acusa que hay una violación a su presunción de inocencia y al debido proceso, pues la propiedad fue asegurada sin que hasta el momento se lleve a cabo la audiencia inicial.
“La situación legal del doctor ahorita es algo inverosímil. Ni siquiera ha sido citado a declarar, no lo detuvieron, solo le quitaron la casa a él, a sus dos hijas menores y a su esposa que es pediatra”, denunció Antonio Juárez Navarro, defensor del anestesiólogo.
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Según su abogado, el especialista adquirió de forma legal el fentanilo para uso médico en una farmacia certificada en Guadalajara, Jalisco. La compra la realizó con su recetario para medicamentos controlados y fue avalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de un correo electrónico oficial. El medicamento junto con la receta fueron enviados por paquetería hasta la casa del anestesiólogo y, cuatro días después, la Secretaría de Marina, la FGR y autoridades locales llegaron a su domicilio.
“Aparentemente en el camino fue detectado el paquete porque viene pegada una receta del doctor que justifica de qué se trata ese fármaco. No lo incautan ahí, sino que dejan, dolosamente, que llegue a su casa”, criticó el abogado defensor.
El médico Aguirre Castro ha difundido su caso en un video de cinco minutos colgado en Facebook. Explica la situación que enfrenta y pide el respaldo de la comunidad médica.
“Nosotros no somos narcotraficantes. No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos, somos anestesiólogos y salvamos vidas, no se me hace justo”, reclamó.
El abogado Juárez Navarro, especializado en la defensa jurídica de profesionales de la salud, aseguró que el combate al fentanilo ha generado la criminalización de la labor médica originada en una incorrecta interpretación de la ley.
Explicó que la Ley General de Salud faculta a médicos, veterinarios y odontólogos para prescribir el medicamento controlado, sin embargo, hay un vacío legal en cuanto a la transportación y la posesión del fármaco.
“Qué ambigüedad que sí lo pueda comprar, que sí lo pueda aplicar y que sí lo pueda prescribir, pero no lo pueda tener, tampoco transportar, en este caso él no lo transportó, tampoco lo estaba vendiendo. Lo ha utilizado por años de esta manera, con su recetario autorizado por la Cofepris, como miles de médicos mexicanos”, enfatizó.
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En mayo de 2021, la anestesióloga Marisa Brito, originaria de Iguala, Guerrero, fue acusada de narcotráfico al intentar adquirir seis ampolletas de fentanilo para uso médico. Tras ocho meses de un complejo proceso legal, la FGR desistió de la acusación.
“Es una confusión porque el fentanilo de uso médico no sirve para realizar drogas sintéticas. Estamos hablando de otra cosa totalmente diferente que la ley permite que se utilice, pero la autoridad se está confundiendo y dice: ah, fentanilo, eso está prohibido”, criticó Navarro.
La comunidad médica ha organizado tres protestas simultáneas en apoyo al médico Aguirre Castro. Se llevarán a cabo el próximo viernes 28 de julio en Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa y Hermosillo, Sonora.
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