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La bancada de Morena en la Cámara de Diputados analiza la propuesta ciudadana de reformar el artículo 16 de la Constitución para que sean los jueces quienes decidan sobre la prisión preventiva justificada, aunque lo consultarán con la Secretaría de Gobernación.
Dicha propuesta, según el líder de la fracción morenista en San Lázaro, Mario Delgado, fue hecha por defensores de derechos humanos en las audiencias públicas que tuvieron lugar la semana pasada en la Cámara Baja, en el marco de las reformas al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa.
Si esta propuesta consigue el consenso de las demás fuerzas políticas en las primeras horas de este martes, y luego de haberse consultado con la Segob, se avanzaría a llevar la reforma de prisión preventiva al pleno el próximo jueves.
“No estamos cerrados. Estamos revisando la opción del [artículo] 16, también necesitamos conocer la opinión del gobierno. Lo que genere consenso, eso es una reforma constitucional, tenemos que llegar a dos terceras partes”, explicó Delgado Carrillo.
El viernes concluyeron las audiencias públicas donde la mayoría de expertos se pronunciaron en contra de ampliar los delitos del artículo 19 de la Constitución, mientras que algunos pocos se mostraron en favor de incluir ilícitos como el feminicidio y el robo a transporte de carga.
“Nuestra posición en Morena es que el delito de corrupción, el delito de los procesos electorales y el robo de combustible deben tener una sanción indudable. Es algo que está pidiendo la sociedad.
“La reforma al artículo 19 va dentro de esta estrategia. No es la única vía para tratar de terminar con la impunidad y que haya justicia en el país, es parte de una estrategia muy amplia, como es tener ya la Fiscalía General autónoma, como lo es el tener una Guardia Nacional”, añdió.
En otro tema, luego del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el déficit en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad y una serie de contratos, Delgado Carrillo se sumó a la propuesta de elevar la temporalidad para que ex funcionarios federales que hayan tenido acceso a información privilegiada del sector energético puedan laborar para empresas privadas.
“No se le puede prohibir a un ex servidor público trabajar en una empresa privada, pero sí debemos estar seguros que la información privilegiada a la que tiene acceso no pueda ser utilizada por la empresa que lo contrata para tener ventaja”, añadió.
Actualmente, la Ley de Servidores Públicos establece como un año el periodo en el que un servidor público no puede trabajar en una empresa privada del mismo ramo.
