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La organización civil Educación con Rumbo (ECR) obtuvo un amparo del juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que obliga a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) a realizar las gestiones y trámites ante la OCDE para garantizar que la evaluación internacional PISA se realice el próximo año.
“Se concede la suspensión provisional solicitada para que las autoridades responsables realicen los trámites y gestiones necesarias para que se lleve a cabo la Prueba PISA en el ejercicio 2025”, señala la resolución del juez de Distrito a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Miguel Ángel Ortiz, abogado de ECR, explica que “si las autoridades de la SEP y de Mejoredu se niegan a cumplir esta suspensión, estarían en un escenario de violación, lo cual tiene varias sanciones desde multas hasta la destitución de los cargos públicos e incluso el inicio de un procedimiento penal por haber violado la orden de un juez”.
La resolución del juez destaca que las autoridades educativas incurren en omisión “toda vez que de conformidad con el artículo 3° constitucional es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la educación, así como velar y cumplir con la protección del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, dentro de los que se encuentra el derecho a la educación”.
Precisa también que el Estado “priorizará el interés superior de niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos a través de la mejora continua de la educación, al ser una obligación prevista en la Constitución”.
Indica además que “de no llevarse a cabo dichos trámites y gestiones tendría como consecuencia que se consuma el acto de forma irreparable, sin que pudieran retrotraerse tales efectos, lo cual podría irrogar daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, pues dicho programa fue concebido como un recurso para ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos”.
Ortiz señala que “la titular de la SEP (Leticia Ramírez Amaya) es la encargada de la política pública en materia educativa. Entonces, existe una responsabilidad directa y en grado de supervisión para garantizar que México sea evaluado conforme a los estándares internacionales y a los tratados internacionales en los que México forma parte. Del lado de Mejoredu, ahí también hay una obligación clara al día de hoy por un mandato del Poder Judicial para que hagan los trámites y se lleve a cabo la Prueba PISA en 2025”.
Sostiene que a partir del fallo judicial tanto la SEP como Mejoredu están obligadas a no tener más dilaciones para que se realice la prueba piloto y así garantizar la aplicación de la prueba de la OCDE el próximo año.
“La OCDE ha manifestado su preocupación porque al día de hoy México no está inscrito, que ese fue el origen del oficio que emitió la comisionada presidenta de Mejoredu. Entonces, se tiene que dar cumplimiento a la resolución del Poder Judicial para que se aplique la evaluación”, sostiene.
El 26 de abril pasado, el director de Educación y Competencias y asesor especial sobre Política Educativa del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Andreas Schleicher, urgió a la comisionada presidenta de Mejoredu, Silvia Valle Tépatl, a continuar con los estudios necesarios para aplicar la prueba PISA en 2025, que, dijo, se encuentra en riesgo.
“La participación de México en la próxima ronda, PISA 2025, está actualmente en riesgo, ya que tengo entendido que los preparativos necesarios para implementar el estudio se han suspendido”, señala Schleicher.
En la carta, explica que “la decisión de participar en PISA 2025 puede esperar hasta finales de 2024, pero la decisión de participar sólo será posible si México realiza una prueba de campo este año. La prueba de campo es una parte esencial de los preparativos y asegura que México tenga lista una versión nacional de los instrumentos para el próximo año”.
El 2 de mayo pasado, Valle Tépatl en una escueta carta respondió a Schleicher, manifestando que “en el marco jurídico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación le faculta para realizar evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional, no así la coordinación y aplicación de pruebas internacionales a gran escala como la de PISA”.
Paulina Amozurrutia Navarro, fundadora y coordinadora nacional de ECR, expresa que el gobierno federal “sólo entiende con amparazos o a periodicazos. Por eso implementamos una estrategia de varios amparos en los que, con la admisión o con la suspensión, hemos logrado muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, que no le quitaran la facultad a los maestros de evaluar a los alumnos y que no eliminaran los grados escolares”.
Agrega que sólo a través de los fallos judiciales se ha logrado que el gobierno federal respete la ley y los tratados internacionales, así como la Constitución.
