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Las reformas a la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Población ponen en riesgo la privacidad de los mexicanos al promover mecanismos de vigilancia sin garantías, alertó Amnistía Internacional (AI).
En redes sociales, la organización defensora de derechos humanos más grande del mundo difundió una lista de los puntos más preocupantes sobre ambas leyes, entre los que destacó que las reformas se aprobaron sin parlamento abierto, excluyendo a las familias de personas desaparecidas, omisión que debilita su legitimidad e ignora a quienes enfrentan la crisis de desapariciones.
Asimismo, introducen medidas que amenazan la privacidad como el acceso irrestricto a datos biométricos y personales, y la creación de una CURP biométrica, datos que podrían usarse indebidamente para vigilancia y control social por parte del Estado o particulares.
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AI añadió que las reformas no abordan puntos esenciales, pues no enfrentan la crisis forense, no asignan presupuesto para su implementación, no tipifican las desapariciones como crímenes de lesa humanidad y no establecen responsabilidades para mandos superiores.
En respuesta llama al Congreso de la Unión a abrir espacios de diálogo con las familias, ajustar medidas que ponen en riesgo la privacidad y establecer mecanismos reales para enfrentar la impunidad y garantizar verdad, justicia y reparación.
“Desde Amnistía Internacional advertimos que estas reformas no atienden la crisis forense, no sancionan a responsables y sí promueven mecanismos de vigilancia sin garantías. Exigimos reformas que garanticen verdad, justicia y reparación”, pidió.
Reformas sobre desaparecidos son insuficientes y no están a la altura para enfrentar la crisis: Centro Prodh
Las reformas aprobadas a la Ley General en Materia de Desaparición son insuficientes para enfrentar la crisis por la que atraviesa México pues no dan respuesta a las miles de familias que buscan al ser insuficientes, lamentó Centro Prodh.
“La deuda del Estado mexicano con las personas desaparecidas y sus familias continúa vigente”, consideró el organismo civil de promoción, defensa y difusión de los derechos humanos pues se privó de la participación a las familias en el foro legislativo y no incluye medidas concretas para enfrentar la crisis forensa.
“Preocupan los riesgos a la privacidad y a otros derechos asociados a la CURP biométrica que alimentará la Plataforma Única de Identidad y la falta de controles para su operación.
“Se elimina el reporte administrativo de desaparición. Centra esfuerzos en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, dejando de lado casos donde las familias no pueden denunciar por temor a represalias, en regiones controladas por la macrocriminalidad o por ser migrantes,” destacó la ONG dirigida por María Luisa Aguilar.
Además, las reformas aprobadas no incluyen medidas concretas para enfrentar el rezago forense; no hay una referencia al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), cuya operación ha sido obstaculizada por las fiscalías que alegan la falta de marco legal y apuntó que los cambios parten de una premisa equivocada: suponer que la crisis de desapariciones es de cifras y se resolverá interconectando bases de datos, en lugar de impulsar acciones integrales para abordar la crisis forense y delinear una política nacional.
El Centro Prodh también mostró preocupación por el hecho de que las reformas se aprobaron vía fast track como un asunto “de urgente resolución” sin pasar por comisiones al calificar esta acción como “un retroceso” que privó de la participación a las familias en el foro legislativo, como se hizo en la discusión de la Ley en 2017.
mahc/apr
