Más Información
La diputada federal por Morena, María Teresa Ealy Díaz, ha sido víctima de una segunda serie de amenazas de muerte en menos de un mes. A través de mensajes enviados desde distintos números telefónicos, se ha desatado una nueva ofensiva violenta en su contra, caracterizada por un lenguaje misógino, intimidante, ofensivo y altamente violento hacia la legisladora.
Estos mensajes, recibidos recientemente, contienen referencias detalladas a sus actividades cotidianas, rutas de traslado, reuniones privadas, nombres de personas con las que interactúa y características de los vehículos en los que se mueve. La precisión de la información que contienen demuestra una vigilancia organizada, sistemática y persistente, lo que representa un riesgo real e inminente para su integridad física y la de quienes la rodean.
Esta situación es particularmente grave debido a que no es la primera vez que ocurre. En mayo pasado, la diputada también recibió amenazas de muerte con un patrón similar: lenguaje violento y sexualizado, advertencias de represalias físicas, y una clara intención de silenciarla, aislarla y amedrentarla. En esos primeros mensajes, los agresores afirmaban tener control y conocimiento sobre su entorno personal y familiar, usando esa información para reforzar las amenazas con crueldad.
Ambas agresiones —la de mayo y la más reciente— tienen un hilo conductor claro: son ataques directos por su trabajo legislativo y social. María Teresa Ealy Díaz ha sido una voz activa en el Congreso en defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, así como una legisladora firme en la denuncia de actos de corrupción y abuso de poder en distintas esferas institucionales.
Por su labor, por su voz crítica, y por negarse a guardar silencio ante la injusticia, hoy es blanco de violencia política de género.
A pesar de la gravedad de las amenazas, la diputada ha decidido no hacerlas públicas en sus redes sociales, por respeto al proceso legal y a la confidencialidad de las investigaciones. Sin embargo, el riesgo real y la escalada de violencia obligan a visibilizar lo que está ocurriendo y a exigir una respuesta clara e inmediata de las autoridades competentes.
Es alarmante que, tras haber presentado una denuncia formal por la primera serie de amenazas, no exista hasta hoy ningún reporte de avances, protección efectiva o acciones concretas por parte de las instituciones correspondientes. Esta omisión institucional no solo representa un abandono, sino una clara forma de complicidad estructural con quienes buscan intimidar, debilitar y silenciar a las mujeres en espacios de poder.
Lee también Sheinbaum reacciona a amenazas contra Noroña; "Cualquier amenaza siempre es condenable", dice
Por ello, se hace un llamado urgente y enérgico a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al Congreso de la Unión, para que actúen con decisión, transparencia y responsabilidad. La seguridad de una representante popular no puede depender del silencio burocrático ni de la normalización de la violencia.
El Estado mexicano está obligado a proteger a quienes alzan la voz, no a dejarlas solas. Cuando se amenaza a una mujer por ejercer su labor legislativa, no se ataca solo a una persona; se agrede a la democracia, a la justicia y al derecho de todas a participar sin miedo.
Si proteger a quienes nos representan incomoda al poder, entonces el problema no son las mujeres valientes, es el sistema que tolera su persecución.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
