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Ambientalistas exigen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detener los trabajos de relleno y dragado para la construcción de un hotel en la zona federal de la laguna de Bacalar en Quintana Roo.
Con el argumento de que la obra no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente y de que la zona es hogar de fauna y flora en riesgo, el Grupo Gema del Mayab, Greenpeace México, Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, DMAS, entre otras, presentaron una denuncia formal ante la Profepa.
Además de los intentos por la vía legal de detener la construcción en el predio ubicado sobre la Avenida 1, junto al muelle y la zona federal de la laguna de Bacalar, frente al sitio conocido como el Fuerte de San Felipe, el pasado 19 de marzo, habitantes locales clausuraron simbólicamente la construcción durante una protesta.
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“No existe certeza de que la obra cuente con las autorizaciones ambientales necesarias conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.
“Las principales alertas que eleva un proyecto de esta magnitud son la alteración de la morfología de la laguna debido al relleno y dragado, la dispersión de material de relleno que afecta el cuerpo de agua y su biodiversidad, así como vibraciones que podrían afectar al Fuerte de San Felipe, patrimonio histórico de la región”, difundió Greenpeace al respecto en un comunicado.
De acuerdo a la ciudadanía y las ONG, hasta ahora, ni la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ni la Profepa han intervenido para detener la obra.
Así, hacen un llamado urgente a las autoridades ambientales para que actúen de inmediato y aseguren la protección de este patrimonio natural de México.
“La Profepa, debe realizar una Inspección inmediata de la obra para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, así como suspender inmediatamente las actividades de relleno, dragado y construcción hasta que se garantice que no haya daños irreversibles al ecosistema de Bacalar. Las organizaciones denunciantes señalaron que es indispensable aplicar el principio de precaución para evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente, como lo establece la jurisprudencia en materia de derecho ambiental”, insistió Greenpeace.
kicp/apr
