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Al menos 24 personas indígenas oaxaqueñas enfrentan acusaciones infundadas por defender sus derechos frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto que ha generado un ambiente de hostigamiento y criminalización hacia las comunidades indígenas y defensoras del medio ambiente.
Así lo denunciaron activistas y organizaciones de la sociedad civil durante una conferencia de prensa frente al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Por lo que exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) establecer una mesa de diálogo e intervenir para detener la criminalización que enfrentan las 24 personas indígenas de las comunidades de Mogoñe Viejo y Rincón Viejo.
Y al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que actualicen y refuercen de manera urgente las medidas de protección otorgadas a quienes forman parte de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI). Asimismo, que garantice la implementación de medidas urgentes y adecuadas para todas las personas defensoras que enfrentan criminalización en el Istmo de Tehuantepec.
Lo anterior, ya que personas indígenas Ayuujk y Binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa han sido víctimas de amenazas y hostigamiento por oponerse a una de las obras insignias de la Cuarta Transformación.
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“Ambas comunidades han sido afectadas por las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impuestas sin su consentimiento. Ante la falta de atención a sus demandas, han ejercido acciones legítimas de defensa de sus territorios y proyectos de vida, por lo cual hoy enfrentan procesos judiciales injustos que buscan silenciar su resistencia”, informaron.
Entre las personas denunciadas, se encuentran tres integrantes de la UCIZONI: Juana Ines Ramírez Villegas, José Alberto Cayetano Matus y Andrés Perez Hernandez, reconocidas por su labor como personas defensoras del territorio y beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con la organización Artículo 19, hoy enfrentan criminalización a través de procesos judiciales. Lo que refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales.
Actualmente, permanecen abiertas tres carpetas en contra de 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa (OAX/000294/2023; OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024). En el caso de la comunidad de Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi, 16 mujeres y hombres indígenas son acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación.
Desde 2019, recordaron, esta comunidad inició una lucha por la defensa de su territorio, estableciendo el plantón permanente Campamento “Tierra y Libertad”, una manifestación pacífica que duró 62 días y fue objeto de hostigamiento y ataques por parte de la Secretaría de la Marina (Semar), la policía estatal y civiles encapuchados.
El 28 de abril de 2023, el campamento fue desalojado violentamente con seis personas detenidas. Por su parte, ocho personas de Rincón Viejo, municipio Petapa, enfrentan procesos penales por el delito de invasión de Derechos de Vía.
“Esta acusación se presenta como una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas, tras oponerse a aceptar un pago único que no compensa de manera justa el valor de su patrimonio y herencia”, puntualizaron.
Contrario a lo que han declarado funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, mencionaron, hasta la fecha no se ha establecido una mesa de diálogo que atienda de manera adecuada la criminalización y las demandas de las comunidades afectadas por las obras relacionadas con el Corredor Interoceánico.
Las comunidades y organizaciones señalan que ninguna de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), orientadas a mitigar los impactos ambientales del Corredor Interoceánico, han sido acatadas por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y las empresas que han estado involucradas en las diferentes obras.
Las organizaciones denunciaron también que la criminalización alcanza ahora a personas la población de Donají, del municipio de Matías Romero, ya que también han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Cabe mencionar que la Misión Civil de Observación surgió en 2022 como respuesta a las agresiones contra pueblos indígenas, personas y comunidades defensoras de la tierra y el territorio frente a la imposición del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
En el informe publicado por las organizaciones en junio de 2024, se resalta la gravedad de las múltiples agresiones registradas, perpetradas en su mayoría por actores gubernamentales de los diferentes niveles. Entre ellas, resulta especialmente alarmante el uso del poder punitivo del Estado a través de la apertura de carpetas de investigación en contra de al menos 55 personas defensoras de los territorios en la región del Istmo.
Este 22 de abril de 2025, en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, más de 20 organizaciones protestaron y exigieron un alto a la criminalización de defensores de la tierra.
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