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Después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) acudió al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para denunciar a funcionarios por presuntos actos de extorsión, especialistas reconocen que altos mandos dilapidaron al organismo al no estar a la altura de los cargos que ostentaban.
El secretario general de la FMF, Íñigo Riestra, denunció a funcionarios del instituto por presuntos actos de extorsión, debido a una multa que le impuso la dependencia por recolección de datos personales, en la aplicación de Fan ID, que se emplea para identificar a aficionados que alteren el orden en estadios, a través de una base de datos.
Miguel Manrique Betanzos, maestro en políticas anticorrupción y exdirector de ponencia del organismo, expresa a EL UNIVERSAL que dilapidaron al organismo, porque muchos altos mandos no estuvieron a la altura de los cargos que desempeñaron.
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“Hubo cuestiones, por ejemplo, en algún momento los comisionados se asignaron un bono de seguridad de más de 200 mil pesos anuales. ¿Por qué, si ellos nunca tuvieron funciones de seguridad pública o nacional? En buena medida, gozaron de los privilegios del poder y esto en detrimento del buen nombre del Instituto y de la importante función que desempeñaba.
“Perdieron de vista que eran servidores públicos y que tenían una mayor obligación de tener una conducta intachable en razón de sus cargos… Debieron haberse cerciorado de cumplir las leyes que rigen su actuar al pie de la letra”, refiere Manrique Betanzos.
Comenta el caso de un excomisionado del Inai que utilizó en 2014 una tarjeta corporativa para pagar alrededor de 20 mil pesos en un centro nocturno. “Fue un escándalo… Lamentablemente, el instituto es responsable de su propia extinción”.
Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana, detalla que las acusaciones de la Federación son graves y el instituto tiene que actuar con celeridad para informar a la opinión pública si son ciertas o no.
Indica que, de haber mérito en las acusaciones formuladas, se tendrán que presentar las denuncias en materia administrativa y penal. Además, señala que el Órgano Interno de Control tendrá que identificar a todos los integrantes de esa posible red de corrupción.
El especialista remarca que es momento de revisar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios acusados y en coordinación con autoridades fiscalizadoras, fiscales y en materia penal para que este tema se atienda de forma expedita.
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“La acusación sobre una posible extorsión de autoridades del organismo debería llevar a otros afectados a dar vista a las autoridades correspondientes. El Inai debe asumir que este periodo de entrega-recepción no puede quedar marcado por acusaciones públicas, que pongan en duda el legado institucional de dos décadas”, precisa.
María Marván Laborde, excomisionada presidenta del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), califica como lamentable que quienes están encargados de la transparencia y protección de datos personales aprovechen su poder para extorsionar con multas inexistentes que después ellos mismos arreglan a través de despachos que supuestamente tienen un tipo de trato.
“Esperemos que la persona que lo hizo pague las consecuencias de sus extorsiones… Tenemos que dar el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, pero si hay esa denuncia y se comprueba que esto es cierto es grave”, asegura la también politóloga y socióloga.
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Destaca que con estas acciones el instituto pierde credibilidad y respeto frente a la ciudadanía.
A pregunta expresa sobre si tenía razón el expresidente Andrés Manuel López Obrador en desaparecer el instituto, sostiene que no porque son cosas distintas.
“El problema es que estas muestras de corrupción sí le dan pretexto y frente a los ojos de la gente se justifican. Una preocupación que no debemos perder de vista es que en todas las instituciones que debilitó o desapareció López Obrador, o Claudia Sheinbaum, con pretexto de la corrupción ni se confirmó ni se combatió.
“No hay corruptos castigados, ya bien sea administrativa o penalmente, como corresponde. Sí hay instituciones debilitadas o desaparecidas”, enfatiza la excomisionada presidenta.
Asevera que la corrupción no se combate desapareciendo instituciones, sino que se deben perseguir actos corruptos hasta las últimas consecuencias y, “como dice el viejo dicho, caiga quien caiga”, aseveró.
