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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) alista una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
En el mismo sentido, dirigentes nacionales y líderes legislativos de los partidos de oposición en México adelantaron que ya preparan una serie de amparos e impugnaciones en contra del decreto presidencial por el que los proyectos de infraestructura de esta administración pasan a ser de seguridad nacional.
Los comisionados del Inai analizaron este martes los alcances del acuerdo y determinaron interponer la querella, a fin de “evitar que las dependencias y entidades de la administración pública federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo”.
Advirtieron una posible transgresión al artículo sexto de la Constitución, el cual señala que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, así como que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Por separado, Marko Cortés, dirigente del PAN, adelantó que interpondrán todos los recursos legales posibles para evitar “un gravísimo retroceso en el combate a la corrupción, a la impunidad”.
Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, calificó como “totalmente ilegal” el decreto y anunció que también su partido presentará una acción de inconstitucionalidad.
El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció que el decreto amplía los márgenes de opacidad y discrecionalidad, bloquea derechos como el amparo, hace que cualquier obra sea considerada de seguridad nacional y pone en riesgo el medio ambiente y el futuro de México.
Igualmente, organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), entre otros, estimaron que el decreto presidencial “excede la ley” y evade normas constitucionales que protegen derechos humanos, transparencia y acceso a la información. Con información de Ivette Saldaña
