La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, deja claro que esta administración seguirá apostando por incrementar los salarios mínimos, pero también, por generar condiciones para que las empresas, sobre todo las pequeñas, sigan creciendo.
La funcionaria federal rechaza que la política de aumento al salario haya presionado la inflación al alza pues asegura que es claro que la carestía registrada este año obedece a factores externos.
En entrevista con EL UNIVERSAL, en el marco del Día Internacional del Trabajo que se celebra este 1 de mayo, Alcalde Luján destaca que México sí tiene motivo para celebrar, pues este gobierno logró un incremento histórico de 71% al salario mínimo.
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Resalta que es una realidad la libertad y la democracia sindical. “Ya hemos visto varios ejemplos de las nuevas directivas que se han venido regenerando y todas tienen que cumplir con la regla democrática, voto personal libre, directo y secreto”.
¿Cómo va la implementación de la reforma laboral de 2019?
—Esta reforma ha sido fundamental por varias razones, pero quizá la más importante es cambiar las relaciones laborales entre sindicatos y trabajadores, que había una distancia enorme entre empresas y sindicatos y entre el gobierno y sindicatos.
Estamos en la implementación de la tercera etapa en las últimas 11 entidades federativas, nos restan las más complejas sin lugar a dudas, pero también ya con una experiencia de dos años, que ha tenido muy buenos resultados.
Se ha logrado una conciliación altísima; 70% de conflictos laborales se resuelven a través de la conciliación. Solamente aquellos asuntos que no se han podido resolver ahora tienen una autoridad independiente imparcial, que es el Poder Judicial. En juicios orales están resolviendo el porcentaje restante de los conflictos en menos de siete meses.
Se pasó de un sistema colapsado, corrupto, secuestrado por coyotes, a un nuevo modelo de justicia. Se recortaron los tiempos de seis años, a mes y medio en conciliación, y si no, máximo siete meses; 90% de reducción en tiempos. Eso es acceso a la justicia, la posibilidad de defenderte de uno o de otro lado.
¿Se puede afirmar que los trabajadores ya eligen libremente a sus dirigentes sindicales?
—Ya es una realidad la libertad y democracia sindical. Hemos visto varios ejemplos de las directivas que se han venido regenerando y todas tienen que cumplir con la regla democrática, voto personal libre, directo y secreto.
Los trabajadores deciden quiénes son sus líderes sindicales y si quieren o no pertenecer a un sindicato. Hemos visto ya ejemplos en empresas donde se dice ‘no quiero contrato colectivo y yo ya no quiero un sindicato que me represente’. También hemos visto ejemplos de que los trabajadores exigen más de sus dirigentes y desean cambiar de sindicato.
Entonces de ellos depende que existan mejores liderazgos, porque antes imponían, los determinaban los gobiernos, los empresarios señalaban quién iba a ser el sindicato, el titular de sus contratos colectivos. Ya no; ahora le toca a la gente. Es un proceso en el que cada vez más, la gente se debe ir empoderando de esta reforma.
¿La política salarial del gobierno ya se refleja en un mayor poder adquisitivo?
—En estos tres años y medio hemos logrado incrementos al salario mínimo de 71%; de 87 pesos cuando llegamos, a hoy, 172 pesos al día. Si lo comparamos con la zona libre de la frontera norte, estamos hablando de 260 pesos diarios, de 87 a 260, y se rompió con ese paradigma y el famoso pretexto de que iba a generar desempleo, distorsiones.
Se logró un cambio fundamental y sacamos a nuestro país de la política de contención salarial. Se incrementó más de 12% el salario promedio registrado en el IMSS, y esto da cuenta de que no sólo se incrementan los salarios de los que menos ganan, sino también se está empujando a los salarios promedios en nuestro país.
¿La inflación se ha “comido” el aumento salarial?
—Claro, la inflación, que no es un asunto de México, sino producto de las condiciones internacionales, de la pandemia, de la guerra, impacta sobre todo a la gente más pobre. Por eso se está llevando un plan, que se va a presentar en los próximos días, para detener los efectos de la inflación, sobre todo en la canasta básica.
Claro que la inflación merma ese incremento, pero es una política que va a continuar. No hemos llegado al mínimo indispensable, que es asegurarse que el que trabaja puede ganar el mínimo de bienestar establecido por el Inegi, para él y por lo menos un dependiente económico.
En eso falta un trecho por avanzar y esperemos en los próximos años, como ha venido sucediendo en los cuatro anteriores, haya un consenso de que no podemos seguir apostando por un país de salarios bajos, de empleo precario, porque ha traído consecuencias graves de desigualdad, pobreza, pero sobre todo violencia. Así que atender las causas es también mejorar el salario.
¿No ha influido el aumento a los salarios en los niveles de inflación?
—No, y lo podemos ver previo a los efectos de la pandemia, de la guerra de Ucrania y Rusia, que al contrario y esta es quizá la prueba que logra acallar esas voces. En la frontera norte, en diciembre de 2018, cuando llegó el Presidente, incrementamos el salario al doble y se registraron, en 2019, los menores niveles de inflación.
El mismo efecto tuvo para el resto del país. Se incrementaron los salarios en porcentajes importantísimos y no tuvo ningún efecto inflacionario. Entonces, cualquier pretexto es bueno para los que no entienden que el salario tiene que ser una cantidad suficiente para vivir con dignidad y por eso tenemos que seguir apostando por aumentar los salarios mínimos y, por supuesto, por generar las condiciones para que las empresas, sobre todo las pequeñas, puedan seguir creciendo.
¿De qué manera ha impactado la regulación del outsourcing?
—Se ha avanzado en desterrar de nuestro país el outsourcing, que no era otra cosa que considerar el trabajo una mercancía.
Las empresas, así como contrataban a otras para que les suministraran insumos, lo mismo hacían con los trabajadores. Pedían a empresas intermediarias que les proveyeran trabajadores y con ello evitaban cualquier responsabilidad laboral y obligaciones frente a sus trabajadores. Gracias a eliminar esta figura se han regularizado 3 millones de trabajadoras y trabajadores que ya son reconocidos por sus verdaderos empleadores, y con un incremento de 20% de sus salarios.
También creo que una conquista adicional de los trabajadores es el derecho al reparto de utilidades. Este año serán millones de trabajadores que van a tener este derecho y se estima un incremento de 100 mil millones de pesos en el reparto de utilidades, algo que no había sucedido nunca en nuestro país.
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¿Qué cambios se han impulsado en cuanto a pensiones?
—Desde 1997, con una visión neoliberal, se dio carpetazo al sistema solidario y empezamos con un sistema de cuentas individuales que ha mostrado su fracaso en los últimos tiempos. Los trabajadores que se pensionan con ese modelo lo hacen con menos de 30% de su salario devengado.
Se logró esta reforma que consistió en bajar los requisitos para poderte pensionar. Estaba en 25 años de cotización; se bajó a 15. También se incrementó lo que el patrón debe poner al fondo de retiro; estaba en 5% y se tiene que aumentar hasta poquito más de 13%. Y por el otro lado, ponerle un alto a las Afore, porque las Afore, como administradoras de los fondos de los trabajadores, han caído en muchísimos abusos.
Por eso es muy importante señalar que en estos tres años se les pusieron límites máximos a las Afore para poder cobrarle a los trabajadores y se ha reducido en 44% lo que cobraban apenas hace unos años.
¿En estos tres años y medio del gobierno ha mejorado el acceso a la vivienda de los trabajadores?
—Hoy es una realidad que los trabajadores tengan la libertad de decidir en qué se quieren gastar sus fondos de vivienda, que no haya intermediarios, que no te digan con qué empresa constructora, con qué viviendera puedes y en qué no puedes gastar lo que es tu dinero.
Se puede ahora comprar terrenos nuevos, ampliar la vivienda, construir vivienda nueva sin intermediarios y con un Infonavit con una visión social que ha logrado condonar varios millones de pesos de trabajadores, que eran interminables sus adeudos.