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Las víctimas de secuestro en el país aumentaron 51.6% en enero pasado, al sumar 229, contra las 151 contabilizadas en diciembre pasado.
Según el informe mensual de la organización Alto al Secuestro, se cometieron en promedio cinco plagios diarios y 35 semanales en los primeros dos meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en los que suman un total de 317.
Los estados con mayor incidencia de este delito de alto impacto, en enero, son: Veracruz, con 51; Estado de México, 26; Ciudad de México, 23; Puebla, 14, y Tamaulipas, con 11.
En esas entidades se cometieron 63% de los 190 secuestros ocurridos en enero y en los que fueron privadas de la libertad una o más personas.
La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, calificó de “alarmante el incremento”.
“Es alarmante el incremento de cifras en este delito. Si bien había manipulación de la estadística, lo cierto es que esta es una cifra escandalosa”, lamentó la activista.
Hizo un llamado al gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García, ya que el estado ocupa el primer lugar nacional en secuestros, tanto en números absolutos como en tasa por cada 100 mil habitantes.
“Hacemos un atento y firme llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que cumpla su palabra empeñada en campaña de devolver la seguridad a los veracruzanos y erradique este delito, ya que actualmente ocurre por lo menos un secuestro al día en la entidad”, indicó.
Ante el aumento de las cifras, Miranda de Wallace urgió a la creación de un plan nacional contra el delito de secuestro, ya que actualmente no se cuenta con ninguna estrategia, pues la que se tenía venció el 31 de diciembre de 2018, recordó.
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Nayarit y Sinaloa registran cero secuestros.
Isabel Miranda informó que presentó en el Consejo Nacional de Seguridad una serie de indicadores para medir la eficacia de cada una de las Unidades Antisecuestro, así como una propuesta de Programa Nacional para la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Secuestro en el que se incluye, entre otras muchas acciones, que cada gobierno estatal, municipal y la propia Federación se haga responsable en sus competencias para afrontar este delito.
Celebró la transparencia con la que Jalisco y la Ciudad de México están reportando inconsistencias en sus cifras de incidencia delictiva.
“Con una investigación que iniciamos aproximadamente hace seis meses para conocer las bases de datos de delitos que alimentan a los recientes sistema informáticos implementados en diversas fiscalías o procuradurías hemos logrado confirmar que existe todo un sistema para ocultar o diseminar la información real de secuestros en cada entidad federativa, por medio de diversos registros y subregistros, que no todos llegan a ser reportados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dificultando aun más el trabajo de tener un registro confiable y medible”, puntualizó.
Resaltó que en próximas fechas enviarán a los gobernadores de México una serie de reformas indispensables para eliminar todos aquellos nichos legales que promueven una cultura de impunidad y ocultamiento de cifras, así como también demandarán a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acciones de inconstitucionalidad en contra de los Códigos Penales de los estados que siguen manteniendo delitos que favorecen a los delincuentes y al mismo tiempo niegan los derechos a las víctimas de secuestro.
