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Autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a través de distintas peticiones, buscan alargar y retrasar el proceso para entregar información para la fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2024.
Esto, luego de que en la fiscalización a la Cuenta Pública 2023 se detectaron moches, nepotismo y despilfarro en el instituto. La dilación se dio a través de oficios para cuestionar la aplicación de la auditoría y con la solicitud de prórrogas.
El pasado 12 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) envió al Inai el oficio AECF/0092/2025 para notificarlo sobre la realización de la auditoría de cumplimiento forense número 227, que tiene por objetivo fiscalizar la gestión financiera y verificar que los recursos federales asignados al instituto “se hayan comprometido, devengado, ejercido, pagado, registrado y comprobado de conformidad con la legislación y normativa aplicable”.
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Por lo anterior, el órgano fiscalizador pidió facilidades para obtener la información y documentación en la materia; sin embargo, ésta no ha sido entregada.
Nueve días después de que la ASF hizo la solicitud formal (el 21 de febrero de 2025), el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá, envió un oficio a la Auditoría para argumentar que el órgano autónomo está a punto de desaparecer, motivo por el que pidió conocer la ruta de dicha fiscalización.
“Solicito a usted nos indique la ruta que garantice el debido proceso y legalidad para la ejecución del proceso de auditoría que ha ordenado al instituto del cual soy titular (…) agradeceré me indique cómo se realizará el proceso de auditoría, es decir, la manera en que se llevará a cabo el intercambio de la información y documentación que será objeto de revisión y cómo realizarán la salvaguarda de ésta, incluyendo la comunicación y designación de enlace, toda vez que, con motivo de la inminente extinción de este instituto, otro ente público será el responsable de ejercer las funciones y resguardar el contenido de los archivos físicos y electrónicos que hasta la fecha se han generado con motivo del ejercicio de las funciones del Inai”, señala el documento con el que se evitó, en un primer momento, entregar a la ASF la información solicitada.
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En el mismo oficio, Alcalá Méndez también pidió conocer cómo se atenderá el desahogo de las observaciones que, en su caso, pudieran surgir de dicha auditoría forense.
El presidente del Inai requirió, además, que la ASF notifique a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción sobre el proceso de auditoría al instituto.
“Lo anterior tiene como finalidad que la coordinación para el proceso de auditoría entre este instituto y esa entidad de fiscalización superior permita dar cumplimiento en tiempo y forma a los diversos requerimientos que efectúe”.
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De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la ASF debe tener acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros y archivos, así como a documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso y gasto público del Inai.
En dicha ley también se establece que si el requerimiento es complejo, “las entidades fiscalizadas podrán solicitar por escrito fundado, un plazo mayor para atenderlo”, lo que el órgano autónomo ha aprovechado para seguir dilatando la entrega de la información.
Tras la presentación del primer oficio, Adrián Alcalá envió otro con fecha 24 de febrero de 2025, dirigido a la auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Claudia María Bazúa Witte. Esta vez, para pedir una prórroga hasta el mes de marzo.
“Solicito una prórroga de 10 días hábiles para estar en posibilidad de proporcionar la información y documentación solicitada. Lo anterior, debido a que, como lo señalé en mi similar número INAI/OCP-AAM/072/2025 de fecha 21 de febrero de 2025, este instituto se encuentra en un proceso de transición con motivo de su inminente extinción”, señala el escrito.
Agrega que la insistencia en pedir plazos “se reitera en virtud de que nuestra situación es excepcional y las leyes en materia de fiscalización no prevén los mecanismos necesarios para efectuar un debido proceso de fiscalización en una entidad que se encuentra en proceso de extinción con la finalidad de cumplir a cabalidad con el proceso de rendición de cuentas”.
De autorizarse el plazo que solicitó Adrián Alcalá, el instituto a su cargo deberá entregar la información a más tardar el 10 de marzo de este año; sin embargo, si el presidente de dicho órgano interpone otro recurso, es probable que la entrega de la información no se cumpla, pues la extinción del INAI fue decretada para el próximo 20 de marzo.
