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Representantes del grupo de pueblos indígenas originarios del municipio de Tecámac, Estado de México, tramitaron nueve amparos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Las demandas fueron presentadas en juzgados federales de Naucalpan y dos de ellas ya fueron enviadas al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, organismo donde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar todos los amparos contra la obra de la terminal aérea de Santa Lucía.
El resto de las demandas aún no han sido enviadas a la Ciudad de México porque los jueces requirieron a los quejosos ratificar firmas y aclarar nombres, entre otras cuestiones de trámite.
EL UNIVERSAL informó que el grupo de los pueblos originarios del municipio de Tecámac temen perder parte de su territorio, sufrir un colapso hídrico y otras afectaciones a la vida cotidiana a causa del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En sus demandas reclamaron la omisión de las autoridades federales de realizar un estudio sobre los pueblos y comunidades que se verán afectados socialmente por el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, y la falta de una consulta indígena previa en la totalidad de los pueblos y comunidades afectadas.
Los expedientes hasta ahora registrados en los juzgados federales fueron tramitados a nombre de los pueblos de San Francisco Cuautliquixca, Santa María Ajoloapan, San Pablo Tecalco, San Pedro Pozohuacan, Santa María Ozumbilla, San Jerónimo Xonacahuacan, San Lucas Xolox, Reyes Acozac y Santo Domingo Ajoloapan.
Entre sus exigencias está la realización de estudios de riesgo de seguridad por el almacenamiento de gasolina para los aviones comerciales que podrían operar en el aeropuerto de Santa Lucía.
Las prevenciones por las que los jueces de Naucalpan no han admitido ni enviado los amparos al Juzgado Quinto de Distrito requieren a los quejosos que informen desde cuándo tuvieron conocimiento del oficio en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) niega la consulta; ellos aseguran que fue desde el 17 de agosto pasado.
Desde junio pasado, la obra de Santa Lucía fue impugnada por el colectivo #NoMásDerroches, conformado por organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y más de un centenar de ciudadanos.
Desde entonces, jueces y tribunales federales en la capital del país y en el Estado de México concedieron suspensiones que han mantenido paralizada la obra por razones de seguridad aérea, de medio ambiente, arqueológicas y cuestiones sobre la concesión de los permisos necesarios para realizar la obra.
Debido al gran número de demandas presentadas y al riesgo de que sean emitidas sentencias contradictorias, el Consejo de la Judicatura Federal determinó desde julio pasado concentrar todos los amparos en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
Ese mes, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) afirmó que los estudios de impacto ambiental y de espacio aéreo para la construcción estaban listos y concluyeron que la obra es viable.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluyó la manifestación de impacto ambiental en la que, a pesar de realizar 14 observaciones para remediar el impacto, avaló la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.
Los amparos de los pueblos indígenas de Tecámac fueron tramitados de manera independiente a los más de 100 juicios presentados por el colectivo #NoMásDerroches, pero también deben ser enviados al juzgado de la Ciudad de México porque impugnan el mismo acto reclamado.
El pasado 15 de agosto el Juez Quinto de Distrito concedió una suspensión definitiva no sólo para que el gobierno federal no construya el aeropuerto de Santa Lucía, sino para evitar la inundación de lo que se alcanzó a construir en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
La medida estará vigente hasta que el juez revise si la cancelación del NAIM fue conforme a Derecho, lo que podría ocurrir el 18 de septiembre próximo.
