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Desde abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al exdiputado federal Mauricio Toledo y a una supuesta red de prestanombres que incluye a otros tres exservidores públicos, por enriquecimiento ilícito.
Fuentes ministeriales confirmaron que la investigación de la FGR apunta a movimientos bancarios de Toledo Gutiérrez, de sus familiares, prestanombres y empresas vinculadas al exfuncionario por más de 577 millones de pesos.
La carpeta de investigación derivó de la denuncia presentada desde el 19 de abril pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Los datos con que la UIF presentó su denuncia surgieron luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó a la oficina encabezada por Santiago Nieto Castillo que investigara las finanzas de Toledo Gutiérrez y de sus allegados.
Luego de entregar su reporte a la fiscalía capitalina, la UIF llevó el caso al ámbito federal, pues detectó depósitos por 223 millones 948 mil 238.02 pesos y retiros por 354 millones 720 mil 290.43 en las cuentas de Toledo Gutiérrez, sus prestanombres y empresas.
En la denuncia, la UIF señaló que Toledo Gutiérrez, otros tres exservidores, cuatro particulares y cuatro empresas más cometieron actos de corrupción, pues la conducta fue efectuada cuando el exdiputado federal fue delegado de Coyoacán y diputado local.
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Los tres exservidores públicos acusados por la UIF son: Francisco Mendoza Esparza, exdirector Jurídico de la delegación Coyoacán; Silvia Verónica Inzunza Gastélum, subdirectora de área en la delegación Coyoacán y en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, y Jesús Sánchez Pita, asesor en la ALDF.
Además, también fue denunciada Clementina Rosa Gutiérrez Durán, Nelson Asdrúbal Toledo Gutiérrez, madre y padre del exdiputado federal respectivamente; Simón Sarkis Nehme Kuri y Genoveva Isrewi Jacobo, supuestos prestanombres.
Entre las empresas involucradas en las operaciones irregulares detectadas por la UIF están: Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, S.A. DE C.V.; Batcroa Corporate, S.A. DE C.V.; Integradores Kyoszen, S.A. DE C.V., y XC International Commerce, S.A. de C.V.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la UIF mantiene congeladas las cuentas de esas personas morales.
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Documentación a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso señala que con la denuncia, la UIF solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de la FGR dar vista a la Fiscalía capitalina.
El miércoles pasado, en periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero de Toledo Gutiérrez. Antes de que los legisladores dieran a conocer su decisión, el petista informó que solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo como diputado federal.
Luego de darse a conocer el desafuero de Toledo Gutiérrez, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que solicitó orden de aprehensión en su contra por enriquecimiento ilícito, delito por el que el exfuncionario es investigado desde el año pasado en el fuero común.
Desde el 26 de julio pasado, el exdiputado abandonó México con destino a Chile, país de donde sus padres son originarios, bajo el argumento de que tiene compromisos contraídos con anticipación a su proceso de desafuero, según dio a conocer en redes sociales.
