La Secretaría de la Función Pública de Tabasco dejó inconclusas al menos 30 auditorías a la Secretaría de Seguridad del estado, correspondientes al periodo en que Hernán Bermúdez Requena estuvo al frente de la dependencia, durante los gobiernos del hoy senador Adán Augusto López Hernández y del actual director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Manuel Merino.
Las auditorías que debían verificar la implementación de protocolos, normativa interna, compras y estados financieros, así como el alcance de metas en materia de seguridad, aparecen en la Plataforma Nacional de Transparencia como “en seguimiento” o “inconclusas”.
Una revisión efectuada por EL UNIVERSAL a las auditorías públicas de la dependencia que encabezó de 2019 a 2024 el ahora conocido como Comandante H —por sus presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora— da cuenta que los procedimientos realizados en 2019, 2020 y 2021 son los únicos inconclusos o pendientes.
En cuanto a los años 2022 a 2024, aparecen todas las auditorías que hizo el Órgano Interno de Control de la dependencia, solamente están “por concluirse”, según se señala en la plataforma, aquellas de los primeros años, mientras gobernó Adán Augusto López.
Lo que se pasó por alto
Por ejemplo, la auditoría SPF/DGCAP /A2/002/2020, que debía revisar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicio a los recursos autorizados en todas las fuentes de financiamiento, aparece como “Auditoría en proceso, iniciada en el día 04 de agosto de 2020. Sin concluir”.
Otra auditoría relacionada a las posibles irregularidades en esa administración se quedó inconclusa. Se trata de la revisión SFP/SAGP/DCAP/0835/02/2019, cuyas observaciones respondió la SSyPC de Tabasco; sin embargo, los auditores no le dieron seguimiento.
Entre las observaciones que se hicieron por el Órgano Interno de Control estuvieron que algunos de los trabajadores de la Secretaría de Seguridad carecían de acuerdo o convenio para la prestación de servicios y se abrieron contratos de arrendamiento sin requisitar.
Además, la dependencia carecía de manuales de organización y de procedimiento; igual de reglamento interior y de la estructura orgánica, faltaban mecanismos de comprobación en el control del consumo de combustible y se encontraron “incumplimientos a la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco”.
Aunque la secretaría que encabezó Bermúdez Requena respondió con siete cédulas de resultados —no disponibles en el enlace a la auditoría—, al final la revisión resultó inconclusa porque quedó “pendiente de emitir tipo de acción por el órgano fiscalizador”.
Por otra parte, la auditoría SFP/SAGP/GCAP/2192/10/2020 de cumplimiento al enfoque financiero buscaba revisar el marco legal y normativo, organización de la gestión, transferencia de recursos, registros e información de las operaciones, destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y o servicios, obra pública, deuda pública y transparencia.
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La relevancia de concluir los procesos
En entrevista con EL UNIVERSAL, Mariana Cendejas, directora de la Iniciativa de Transparencia de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, aseguró que la manera en que se puede evaluar si los gobiernos son eficientes es precisamente a partir de estas auditorías.
“Lo que estamos viendo ya es parte de lo que viene con la reforma en materia de transparencia. Estamos viviendo justamente este momento de ajustes en la normativa y en la operación de la información que debería hacerse pública sin necesidad de una solicitud”, apuntó.
La manera de solicitar que estas auditorías se hagan públicas y se den a conocer sus contenidos solamente es a través de solicitudes de información, pues para solventar las obligaciones de transparencia las dependencias cumplen con dar a conocer las auditorías, aunque no se publiquen los resultados.
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“Ahora, si es una auditoría que no ha concluido, la autoridad tiene una causal de reserva; entonces deberían respondernos ‘no te podemos dar acceso a una información porque el proceso sigue en trámite’. Pero lo importante es que nosotros como académicos, como ciudadanos, como periodistas, estemos atentos al momento en que esa auditoría se concluya”, explicó.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, aseguró que con frecuencia se dice que los sistemas anticorrupción estatales no funcionan y se plantea como si fuera un problema de diseño institucional, pero “como ilustra este caso, es consecuencia del freno que la propia clase política le pone”.
“Se inician auditorías como se abren carpetas de investigación, pero al no concluir en responsabilidades administrativas, la impunidad crece. Esta investigación confirma que la aplicación de la ley es selectiva y negociable, y que el tiempo y energía dedicado a construir mejores sistemas anticorrupción se topa con pared cuando los investigados son aliados políticos”, detalló.