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Los primeros elementos de la Guardia Nacional estarán listos en tres meses y serán desplegados gradualmente en las primeras 150 de las 266 regiones territoriales en las que se dividió el país para enfrentar la “crisis” de inseguridad.
Las autoridades federales estiman un estado de fuerza de 80 mil guardias en este año (35 mil militares, 8 mil marinos, 21 mil 170 reclutas y 18 mil policías federales), además prevén solicitar asesoría del gobierno de Canadá, que cuenta con una Guardia Civil, para fortalecer las tareas de seguridad del nuevo cuerpo de seguridad pública, cuyo proceso de formación se intensificó tras la promulgación del decreto que le dio origen.
Los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, acompañados del embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se reunieron el viernes pasado con una delegación diplomática de Canadá para hablar de una posible colaboración para fortalecer a la Guardia Nacional.
Las ciudades mencionadas son prioritarias para el gobierno federal y, debido a los altos índices de violencia que enfrentan, desde febrero pasado operan 6 mil 643 elementos de las policías Militar, Naval y Federal en 13 de las 21 regiones etiquetadas como focos rojos.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cada tres o cuatro meses se desplegarán bloques de elementos para ir cubriendo las zonas, hasta llegar a las 150, en una primera etapa. En las de alta incidencia delictiva serán enviados grupos de 600 efectivos, 450 en las de nivel medio y en las de nivel bajo, 300, según el plan de acción de la SSPC.
En Tijuana, Baja California, el gobierno federal desplegó un total de 2 mil 231 efectivos, de los cuales mil 183 son de la Policía Federal, 990 del Ejército y 58 de la Marina, como parte de las acciones de reforzamiento en esa ciudad fronteriza afectada por la disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, trasiego de drogas a Estados Unidos, migración y demanda permanente de servicios.
Al respecto, el extitular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, Ricardo Márquez Blas, comentó que si el modelo de despliegue del actual gobierno es el que siguió en Tijuana, el número de efectivos no alcanzará para cubrir las regiones trazadas.
“Cuando anunciaron el despliegue en las 17 zonas prioritarias, señalaron que en promedio iban a ser 600 elementos, pero nos estamos dando cuenta que a Tijuana enviaron 2 mil 231, es decir, casi cuatro veces más para una zona prioritaria”, señaló.
En entrevista, dijo que si se toman en cuenta los 2 mil 231 efectivos para las 266 zonas proyectadas, “nos da un número estratosférico de casi 600 mil efectivos federales que va a ser imposible tener”.
“Esto corresponde a casi el doble de la totalidad de elementos que tienen ahorita de manera conjunta Sedena, Marina y la Policía Federal, es decir, inviable, imposible de poderse replicar en todo el país, en caso de que se conformaran los resultados positivos que ya se anunciaron en Tijuana en materia de reducción de homicidios dolosos”, destacó.
Márquez Blas refirió que quizá el gabinete de seguridad de la actual administración está tomando Tijuana como una especie de laboratorio para que después los resultados positivos puedan replicarse o tomarse en las otras zonas priotarias.
Expuso que el envío de fuerzas federales a municipios afectados por la violencia es un elemento básico para la disminución de la incidencia delictiva; sin embargo, aseveró, la medida es insuficiente, ya que se requieren acciones de prevención del delito.
“No creo que puedan alcanzarse los resultados esperados solamente incrementando el número de policías en campo, tiene que ser una estrategia integral, específicamente en las zonas fronterizas tiene que haber una coordinación estrecha de información y de inteligencia con Estados Unidos”, indicó.
El experto en seguridad Jorge Alberto Lara Rivera señaló que, adicionalmente al aspecto cuantitativo, es importante que en el despliegue de la Guardia Nacional las autoridades tomen en cuenta las capacidades locales.
A su consideración, es preocupante que los reclutas que gestionó la Sedena no tengan el perfil policíaco requerido por la legislación orgánica y procesal: “También es fundamental que todos los miembros tengan la certificación y el control de confianza, ya que los parlamentos de Sedena son distintos”, comentó.
Para este año la Guardia Nacional requerirá un presupuesto de unos 20 mil millones de pesos para pagar a los 21 mil 170 guardias que serán reclutados en los próximos meses, estimó el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño.
