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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de causar un daño patrimonial al Estado mexicano y a Michoacán, por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en siete municipios del estado.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR señalaron ante la jueza Patricia Sánchez Nava del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, que el exmandatario autorizó contratos para la compra de terrenos a sobreprecio y mediante adjudicación directa, beneficiando a una empresa llamada “Inmobiliaria DIP”.
Para la construcción de los inmuebles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro se hicieron pagos anticipados. Primero se empezó con la renta de los terrenos y los compraron a precios altos que superaron millones de pesos.
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En este momento, la jueza decide si dicta prisión preventiva que la FGR solicitó contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC), por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
La defensa de los imputados pidió a la jueza que sus defendidos lleven su proceso en libertad condicional.
mahc/LL
