Juan Carlos García Rivera, acusado por su probable responsabilidad en el delito de intervención ilegal de comunicaciones con el software Pegasus, en perjuicio de la periodista Carmen Aristegui, y quien lleva más de dos años en el Reclusorio Sur, tiene carrera trunca en ingeniería en computación y era soporte técnico de la empresa.
Así lo manifestaron Samuel Ibarra Vargas y Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, abogados de García Rivera.
Reiteraron que su cliente es un chivo expiatorio, porque el anterior Gobierno utilizaba toda la fuerza del Estado para espiar periodistas, empresarios y adversarios políticos adquiriendo un programa de espionaje, es decir utilizó un programa lícito para fines ilegales.
“Nuestro defendido que tiene carrera trunca lo han querido señalar como un genio de la informática… como la persona más capacitada para intervenir un teléfono desde una Tablet o un celular colgándose de un WiFi lo cual es totalmente falso.
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“Los responsables en este caso deberían ser las decenas de servidores públicos que operaban Pegasus en la administración de Peña Nieto. Y ahora la FGR pide 16 años de prisión contra nuestro defendido”, expresaron a EL UNIVERSAL.
Retiraron que su cliente era el simple soporte técnico de la empresa que vendió un servicio de actualización de “Pegasus” a la entonces PGR, y en donde sus funciones sólo era apoyar problemas de hardware y canalizar problemáticas de software a la empresa NSO, que sólo otorga usuarios y passwords a entidades gubernamentales, que son el usuario final de “Pegasus”, tal y como lo señala NSO en su portal de internet.
Resaltaron que tienen más de ocho testigos que desahogarán su testimonio o sus peritajes, entre el 4 y el 28 de diciembre.
El lunes durante la primera audiencia, en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, un testigo protegido identificado como “Zeus” por parte de la FGR señaló al expresidente Peña Nieto de ordenar el uso de este programa para espiar a empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y periodistas.
El testigo enfatizó que el exmandatario ordenaba a las personas que eran de interés para dar seguimiento a sus actividades, mensajes y llamadas telefónicas.
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