El Senado de la República avaló modificaciones a la Ley General de Salud para establecer que no se criminalicen los actos médicos de los profesionales de la salud, y se realice una investigación para deslindar responsabilidades en casos de fallecimiento de pacientes o de daño por los tratamientos y terapias que practiquen.

La reforma fue aprobada con 75 votos a favor, cero en contra y una abstención, por lo que fue devuelta, con cambios en la redacción, a la Cámara de Diputados.

En tribuna, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Salud, explicó que con esta adición en la legislación reglamentaria se establece que en el ejercicio de la labor de los profesionales, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud, “no se criminalizará el acto médico”.

Agregó que también coinciden en que, en el caso del consentimiento informado, cuando los riesgos de la atención médica autorizada se encuentren descritos y aceptados por el usuario en dicho documento y se encuentre sustentada en bibliografía médica actualizada, excluirá la responsabilidad penal y civil del prestador de servicios.

La senadora precisó que en el caso de aquellos médicos que actuaron de manera dolosa, sin apego a protocolo y que se encuentren bajo los influjos de alguna sustancia, que no les permita realizar su actividad con apego a la normatividad aplicable o, en su caso, hayan abandonado al paciente, serán sujetos a la legislación penal aplicable.

A su vez, el senador Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, reconoció que con esta modificación se pretende proteger a las y los médicos en el ejercicio de sus facultades, con el fin de no criminalizar su labor. En caso de existir responsabilidades, agregó, éstas estarán fundamentadas en investigaciones, las cuales garantizarán las buenas prácticas sobre la profesión.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, aclaró que el personal de salud tiene todo su respeto, pero señaló que defenderá a las personas más vulnerables de su entidad, Aguascalientes, ya que se deja una “laxitud en la legislación”.

Lamentó que en los servicios del IMSSS e ISSSTE existan malas prácticas, donde —aseguró—, la ciudadanía “sale perdiendo”.

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