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A pesar de que el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron en 2024 reformas que sancionan hasta con 40 años de cárcel la utilización indebida de drones con fines delincuenciales, la misma es letra muerta porque dichas aeronaves siguen siendo ofertadas y compradas en plataformas digitales para luego ser modificadas con armas y bombas.
Senadores reconocen que no existe un marco legal para frenar la venta sin control de drones, que son adquiridos en plataformas digitales y luego modificados para ser artillados o incluso programados para lanzar artefactos explosivos o convertirse en “drones-bomba”, por lo que se requiere una reforma que regule y establezca un registro nacional de quienes compran estas aeronaves.
Cabe destacar que el 8 de junio pasado entró en vigor el decreto que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para sancionar el uso de drones con fines delictivos, luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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La reforma impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada en noviembre de 2023 por la Cámara Baja y en abril de 2024 por el Senado.
La reforma, que fue turnada al Ejecutivo, detalla que se impondrán prisión de 15 a 40 años y una multa de 400 a mil 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien use aeronaves pilotadas a distancia para cometer conductas indebidas.
Se busca así frenar el uso extensivo de drones en regiones de estados como Michoacán, donde los delincuentes realizan con ellos halconeo (vigilancia), pero también para lanzar explosivos en contra de la población civil y de elementos de corporaciones policíacas y militares.
En el dictamen se plantea sancionar con prisión de 10 a 20 años a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, arroje cualquier objeto o artefacto explosivo o sustancia química o que impacte a cualquier persona o propiedad, con el objetivo de causar daño.
Además, propone aumentar hasta en una mitad, de 30 años de prisión, la pena cuando el daño sea a una persona o bien de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Pública.
Para quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte aeronaves pilotadas a distancia para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, sugiere una pena de prisión de cinco a 10 años.
