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Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde metieron el acelerador en el Senado y este mismo jueves llevarán al pleno la iniciativa para establecer la supremacía constitucional e impedir que cualquier adición o reforma a la Carta Magna sea impugnada a través de controversias, acciones de inconstitucionalidades o amparos.
Ayer, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron —con 24 votos a favor y 10 en contra— con modificaciones la iniciativa que presentaron, apenas este martes, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila.
La mayoría de Morena retiró del dictamen las modificaciones a los artículos 1, 105 y 107 constitucionales, así como los artículos transitorios, después de las críticas de la oposición respecto a violaciones en materia de derechos humanos. En medio de un ríspido y largo debate, el oficialismo se había comprometido en voz de López Hernández, coordinador de Morena, a no llevar al pleno dichas reformas hasta la próxima semana, pero informó que el Partido Verde presentó una petición para que se incluya en el orden del día en la sesión de este jueves.
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“Vamos a proponer que se celebre mañana [jueves] por la tarde-noche la sesión”, dijo en entrevista. Argumentó que se cumplirá con el trámite parlamentario de que transcurran 24 horas para su discusión después de aprobarlo en comisiones.
La oposición celebró que el oficialismo diera marcha atrás a los cambios al artículo 1 de la Carta Magna, porque “es un paso en la dirección correcta”; también acusó a Morena de estar legislando por un pleito personal con el Poder Judicial y atentar contra el derecho de los mexicanos a defenderse.
En el dictamen se destaca que se modificó la iniciativa original y se eliminó la modificación al artículo 1, que planteaba: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero que en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
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Lo anterior, con la finalidad de no desvirtuar la naturaleza jurídica y la aplicabilidad del sistema convencional de protección de derechos humanos. También se eliminaron del dictamen, en los artículos 105 y 107, el que no se pudiera impugnar el proceso deliberativo, legislativo y votaciones de las reformas.
Los artículos transitorios que consideraban la retroactividad para reformas constitucionales pasadas, que estuvieran en debate y cuestionaran la validez de una reforma constitucional, también fueron eliminados, por lo que diversos expertos consideran que esta iniciativa ya no la podrían aplicar para la reforma judicial que ha sido impugnada.
Sin embargo, la reforma sólo consta de dos modificaciones a los artículos 105 y 107 para determinar que son “improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”. Así como tampoco procederán los amparos contra modificaciones a la Carta Magna.
Debate
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, dijo que no habrá albazos en la aprobación de la reforma a debatir, porque “los albazos se murieron con el viejo régimen”.
Sin embargo, unas horas más tarde y después de un ríspido debate con el senador del PAN Marko Cortés, amagó con llevar al pleno el dictamen este jueves, ello ante la petición del coordinador del PVEM, Manuel Velasco.
El panista Ricardo Anaya Cortés celebró haber dado marcha atrás a la reforma al artículo 1 constitucional, pero señaló que con la inimpugnabilidad queda de manifiesto el “pleito” que se trae la mayoría con el Poder Judicial. Dijo que “es una irresponsabilidad monumental establecer de manera expresa en la Constitución que por ningún motivo, (...) sin importar si la violación [es] de forma o de fondo, jamás será procedente recurso alguno, amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional”.
Por Morena, Saúl Monreal celebró la supremacía constitucional y dijo que esta reforma no obedece “a un pleito” con el Poder Judicial, sino a que “ningún poder constituido puede estar por encima del poder constituyente permanente”, lo que significa que el PJF no puede estar por encima del pueblo cuando éste decide modificar la Constitución.
En ese sentido, la senadora por el PRI Claudia Edith Anaya afirmó que esta pelea de Morena con el Poder Judicial terminará afectando a los ciudadanos.
