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A sus ocho años, Ana Lucía Salazar anhelaba jugar con muñecas y que la peinaran de dos coletas. Casi tres décadas después, su deseo más grande es que el sacerdote en retiro Fernando Martínez dejé de vivir en una casa de los Legionarios de Cristo, en Roma, y pise una cárcel mexicana como castigo por haberla violado en 1991, cuando era alumna del Instituto Cumbres Cancún.
“No me cansaré de luchar y de gritar que ese hombre debe estar en prisión con todos los que encubrieron sus abusos, los que callaron, me denigraron y me llamaron sucia por acusarlo.
“Para mí no habrá justicia ni cesará la impunidad hasta que quien quebró mi vida pague por lo que hizo, hasta que sea sentenciado por un juez. Exijo que el abuso contra niños se considere [crimen] de lesa humanidad para que no haya manera de proteger a estos depredadores”, comparte la mujer con EL UNIVERSAL.
Para Ana Lucía, el Informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los Legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad es una burla para las víctimas.
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El documento revela que durante 78 años miembros de esa organización cometieron al menos 175 casos contra niños, de los cuales 60 se atribuyen a su fundador, Marcial Maciel, y el resto, a 32 clérigos de la orden.
De los 33 sacerdotes señalados por los abusos, seis murieron, ocho dejaron el sacerdocio, uno abandonó la congregación, mientras que 18 continúan en ella y la mayoría “no han sido procesados por diversos motivos, como la situación legal en los diferentes países o los plazos de prescripción”.
“El daño no caduca”
Para Ana Lucía, en este tema de abuso infantil no debe haber fecha de caducidad. “Es repugnante que los legionarios saquen este informe a medias y que crean que ya están limpios, que ellos no son Maciel y que digan que las violaciones se acabaron.
“Si salieron casos de hace 28 años, no podemos esperar a que en una o dos décadas salgan más víctimas. No basta con que les quiten el ministerio religioso, tampoco dejar de dar misa es un castigo suficiente para un pederasta, claro que no”, agrega.
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De los curas abusadores, seis murieron sin ser juzgados civilmente, uno fue condenado, otro —ya removido del estado clerical— está en juicio. Los demás no han sido procesados.
Canónicamente, de los 33, cinco fallecieron sin ser juzgados, 15 están sancionados; seis, en curso de ser procesados; tres, en investigación previa, mientras que uno recibió la dispensa de ministerio sin juicio y tres fueron denunciados cuando ya habían abandonado la congregación.
Analú, como le dicen de cariño, denunció a Fernando Martínez en mayo de 2019. Siete meses después, el 22 de noviembre, los Legionarios de Cristo aceptaron que entre 1990 y 1993 el sacerdote violó a ocho menores de edad cuando se desempeñaba como director del Instituto Cumbres Cancún, en Quintana Roo.
“El padre admite con pena y remordimiento los abusos contra niños cometidos durante estos años. La congregación deplora y condena [los casos], así como aquellas prácticas institucionales o personales que pudieron favorecer cualquier forma de abuso o revictimización”, indica el informe emitido por la organización.
“Delito no fue suficiente”
Aunque Fernando Martínez aceptó que violó a niñas en el Instituto Cumbres, esto no fue suficiente para que fuera aprehendido.
La orden religiosa le retiró el ministro sacerdotal público y le prohibió tener contacto con niños, escuchar confesiones y participar en celebraciones comunitarias a las que asistan religiosos en formación. Tampoco puede vestir como sacerdote.
“Eso no es justo, no se pueden lavar las manos con ese informe, tampoco pueden culpar sólo a Maciel, él ya está muerto. Imagina todo el aro de corrupción que hubo para que ese señor me violara.
“La prefecta nos sacaba de clases para llevarnos a la capilla o a la dirección para ser atacadas. [Fernando Martínez] se ganó mi confianza; yo lo admiraba y me violó, me lastimó, quebró mi vida. No le importó esa niña de ocho años, sólo quería satisfacer su maldad, porque él no estaba enfermo, sino que era una persona malvada”, resalta.
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Ana Lucía espera que en este periodo ordinario los senadores impulsen la mejor propuesta que elimine la prescripción de este crimen. Confía en que ningún partido político se querrá “colgar la medalla”, sino que actuarán en favor de las víctimas de pederastia.
“Sé que hay varias iniciativas. Josefina Vázquez Mota promovió una, también Martí Batres. Lo que quiero es que entiendan que esta lucha va más allá del color del partido, no nos importa si es Morena o el PAN, sino que los violadores no vivan en casas de retiro.
“La Iglesia no tiene por qué imponer penitencias, el Poder Judicial debe hacerlo. Yo no me conformo, no estoy dispuesta y si el Papa sale a decir que está de acuerdo con esos castigos, entonces replicaré que él es un cómplice”, abunda Analú.
