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La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) de la la Fiscalía General de la República (FGR) contó con una semana para buscar a más de 20 víctimas de desaparición forzada en los penales de Coahuila.
Según el último reporte semanal publicado por la FGR sobre el caso Tamaulipas, relacionado con la desaparición forzada de hombres y mujeres ocurridas entre enero y mayo de 2018 en el estado, el Sistema Estatal Penitenciario autorizó el ingreso a agentes para que realicen la búsqueda de las víctimas del 10 al 14 de junio.
“Mediante el oficio SSP/ USEP/SP/400/2019 se recibió la respuesta del secretario particular del titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, autorizando el ingreso a las prisiones del 10 al 14 de junio de 2019”, indican los informes de los expedientes abiertos en la página de la FGR.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha actualizado los reportes ni ha informado si acudió o no a realizar las diligencias.
En 2018, los casos de desaparición de personas en Tamaulipas derivaron en la intervención de las comisiones Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que solicitaron al Estado implementar medidas cautelares, como la investigación de efectivos de la Marina destacados en la entidad en el lapso en el que se dieron las desapariciones.
Esto, debido a que los familiares de las víctimas denunciaron que los perpetradores de las desapariciones fueron hombres que portaban uniformes y vehículos supuestamente de la Secretaría de Marina (Semar).
Desde hace un año, la fiscalía ha publicado semanalmente informes sobre los avances de las averiguaciones acerca del caso Tamaulipas.
Además de investigar a los marinos desempeñados en ese momento en que ocurrieron los hechos, la FGR buscó a las víctimas directas en fosas ubicadas desde enero de 2018 en Nuevo Laredo, Anáhuac, Vallecito Ciénega y Sabinas Nuevo León.
Por este caso fueron iniciadas 26 carpetas de investigación, derivadas de las denuncias de familiares de 36 víctimas directas; para julio de 2018 únicamente fue localizada una persona con vida y nueve más muertas.
Como parte de las medidas cautelares implementadas en el incidente, las víctimas y sus familiares fueron inscritas en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a quienes se les dictaron medidas de protección que también fueron aplicadas a los testigos.
Según los últimos reportes, la Fiscalía General de la República solicitó al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) información sobre el campo de tiro Club Los Indios.
También solicitó al comisionado General de la Policía Federal (PF) de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) a que proporcione medidas de protección, seguridad y vigilancia a las víctimas indirectas del caso.
