De las 32 entidades que integran la República Mexicana, hoy 13 garantizan a mujeres y personas con capacidad de gestar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 o 13 semanas de gestación. Sin embargo, en 10 estados todavía se criminaliza penalmente a quienes deciden abortar por diferentes causales de su ley local.
El 24 de abril de 2007 la Ciudad de México fue la primera entidad en despenalizar el aborto; 11 años después, el 25 de septiembre de 2018, Oaxaca se convirtió en el segundo estado; en 2021, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima se sumaron al reconocimiento del derecho de este procedimiento el 30 de junio, el 20 de julio, el 7 de septiembre, el 29 de octubre y el 1 de diciembre, respectivamente.
Baja California Sur se integró el 2 de junio de 2022; Guerrero, el 17 de mayo de 2022; Quintana Roo, el 26 de octubre de 2022, y Aguascalientes el 13 de diciembre de 2022.
Este año, Chihuahua garantizó a sus ciudadanas y personas con capacidad de gestar el derecho a la ILE y, finalmente, el pasado 15 de julio lo hizo Puebla.
De acuerdo con Ninde Molre, directora de la organización no gubernamental Abortistas Mx, aunque en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que en el artículo cuarto constitucional está regulado el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir si continúan o no con sus embarazos, 10 de los 13 estados que hoy lo garantizan despenalizaron parcialmente el proceso.
“Aunque haya acceso al aborto, el servicio aún está criminalizado (…) Lo que la Corte dijo es: ‘Me di cuenta que sí, el Código Penal local está violando la Constitución, entonces, te ordeno, Congreso federal, y te ordeno, Congreso de Jalisco, que modifiques los artículos de aborto voluntario’, pero hasta que este proceso legislativo no pase, estos artículos siguen estando vigentes.
“Por eso las autoridades de salud utilizan como excusa el Código Penal local para no dar los servicios, aunque en algunos estados quedó más que demostrado que no puede haber un Código Penal por encima de un derecho humano. En este caso, el derecho al acceso a la salud reproductiva, pero varios estados no garantizan plenamente el acceso al aborto aunque parezca que sí”, explicó la experta.
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Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, la Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz forman parte de los 10 estados que criminalizan en sus códigos penales a las mujeres y personas capaces de gestar que abortan después de las 12.6 semanas de gestación, entre otras causales como un aborto autoinducido. Únicamente tres estados del país modificaron totalmente sus códigos penales para no castigar la ILE, se trata de Sinaloa, Guerrero y Coahuila.
“Dentro de los pendientes que nos faltan, el primero es que nos falta reformar 20 códigos penales, pero esa obligación le va a tocar al siguiente Congreso local. Sabemos que la Corte es aliada y en algún momento lo va a empujar, pero aún queda pendiente esa lucha y ganarla por completo, no parcialmente”, agregó Ninde Molre.
De acuerdo con información de la ONG, hasta junio de este año están abiertas 300 carpetas de investigación por abortar, sobre las cuales no se puede saber en qué condiciones se dio, es decir, si fue un aborto forzado, voluntario o en alguna clínica. La capital del país es la que tiene más carpetas abiertas, pues cuenta con 87 hasta este año.
“Es preocupante porque no debería haber esas carpetas. También es importante insistir en que se está despenalizando parcialmente, y entonces eso deja en mucha vulnerabilidad a las personas.
“Mientras el delito aborto voluntario siga siendo un delito es parte de la criminalización y es parte de lo que tenemos que acabar (...).
“Las personas que llegan a los servicios de salud para solicitar un aborto o porque vienen a buscar un aborto, pues vienen con una emergencia obstétrica, lo primero que se van a encontrar es a servidores públicos que les digan ‘tú te provocaste el aborto’ y eso también las criminaliza y les niega el procedimiento, contra eso tenemos que luchar con sensibilización y capacitación”, mencionó la especialista.
