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La Asociación de Abogados de Nueva York exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) cesar de inmediato cualquier tipo de investigación penal en contra de los jueces que hayan emitido suspensiones al proceso de elección judicial.
En un pronunciamiento, publicado este 10 de marzo, la Asociación de Abogados de Nueva York aseguró que estas investigaciones “representan una amenaza directa a la independencia judicial y agravan una preocupante tendencia en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México”.
“Además, la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales”.
“La posibilidad de que los jueces puedan ser investigados y sancionados por emitir resoluciones en el ejercicio de sus funciones judiciales socava principios fundamentales del debido proceso y viola los estándares internacionales de independencia judicial”.
FGR los señaló por abuso de autoridad
En noviembre, la FGR indicó que las carpetas de investigación abiertas en contra de jueces que otorgaron suspensiones al proceso de elección judicial estaban relacionadas con el supuesto abuso de autoridad, por otorgar estos recursos en materia electoral.
Fuentes judiciales indicaron en ese momento a EL UNIVERSAL que las denuncian habían sido presentadas por representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por lo que calificaron estas acciones de tener el objetivo de “coaccionar y amedrentar”.
En ese sentido, la Asociación de Abogados de Nueva York exigió al gobierno federal garantías de protección para los jueces afectados, “en particular medidas de seguridad para preservar su integridad física y moral, así como su independencia en el ejercicio de la función judicial”.
Además, pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum el cumplimiento de las recomendaciones internacionales sobre la independencia judicial, como las establecidas por la Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La comunidad internacional sigue de cerca las acciones de las autoridades mexicanas en este caso, ya que serán determinantes para evaluar su compromiso con la legalidad, el respeto a las instituciones y la protección de la independencia judicial”, señaló la asociación.
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