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Este año. particularmente crítico por los impactos de la pandemia por COVID-19, se cumplen 75 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocurrida el 24 de octubre de 1945. Precisamente en días recientes, se celebró la 75 semana inaugural de la Asamblea General, donde se convocó a los Estados miembros a trabajar conjuntamente para superar las vulnerabilidades y desigualdades que la pandemia por COVID-19 ha profundizado. En el mes de octubre también tiene lugar el trigésimo octavo periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuya agenda resalta la definición de estrategias para la recuperación económica pos-COVID-19.
En este escenario destacan dos temas de interés que la ONU y las comisiones regionales han estado impulsado en varias ocasiones recientes: el Multilateralismo y el Financiamiento para el Desarrollo; aunque es cierto que la ONU ha sido cuestionada en algunas ocasiones por la forma de integración de sus órganos, o por la acción insuficiente o retardada en casos de graves violaciones a derechos humanos, es también cierto que el organismo contribuye a definir las estrategias de atención a la agenda internacional. Respecto al multilateralismo, la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en varios temas prioritarios (como la paz, la salud, la alimentación, la educación, la vivienda digna, la sustentabilidad, el cambio climático, y la igualdad de género entre otros) con estrategias conjuntas, requiere implícitamente de la adopción de los principios de derecho internacional de modo que se fortalezca la cooperación entre los Estados e incluso entre las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales. Si bien, el multilateralismo es loable, en su renovación es importante superar las acciones de tipo asistencialista o filantrópico, e impulsar la construcción de programas que permitan generar resultados efectivos y de largo plazo, por ejemplo, favorecer el desarrollo de capacidades para el acceso a empleos bien remunerados, invertir en el mejoramiento del sistema de salud, incentivar el desarrollo rural, impulsar el fortalecimiento de la economía social y solidaria y fomentar la innovación tecnológica sustentable.
En estrecha vinculación con lo anterior se encuentra la “Iniciativa para el Financiamiento del desarrollo en tiempos del COVID-19” apoyada por la CEPAL; en días anteriores, el presidente de Costa Rica propuso la creación del Fondo para Aliviar la Economía (FACE, por sus siglas en inglés) con el que se pretende reunir 500,000 millones de dólares mediante la aportación por parte de los países más ricos, del 0.7% de su Producto Interno Bruto; este fondo sería administrado por la banca de desarrollo internacional y proporcionado como préstamo a las naciones que lo requieran. Si bien, son indispensables recursos para el financiamiento de programas que atiendan los fines que se han expuesto, si logran estructurarse este tipo de fondos, habrá que evitar caer en los criterios tradicionales de sostenibilidad de las finanzas públicas, que mayormente están respaldados por organismos financieros internacionales y que en un escenario de crisis se tornan contradictorios porque restringen el uso del gasto público y con ello tienden a profundizar la tendencia de los ciclos económicos.
