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En el marco del séptimo aniversario luctuoso del periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, familiares, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación continúan exigiendo justicia por el crimen, que ocurrió el 15 de mayo de 2017 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Las organizaciones mediante un comunicado enfatizaron que, el trabajo de Javier Valdez Cárdenas adquirió reconocimiento nacional e internacional.
“Por la originalidad de sus trabajos de documentación e investigación periodística para retratar los contextos sociales, políticos y de seguridad que se viven en Sinaloa y México. Sus obras periodísticas también han colaborado en la búsqueda de la verdad de personas desaparecidas y son referentes para entender el contexto actual de nuestro país”, señalaron.
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Explicaron sobre los procesos judiciales que existen contra los responsables materiales del homicidio de Javier, el cual se encuentra en una etapa avanzada desde febrero de 2020.
“Heriberto Picos Barraza optó por ser sentenciado a través de procedimiento abreviado, siendo condenado a 14 años y 8 meses, sentencia que se encuentra firme. A inicios de octubre de 2023, el Tribunal Colegiado de Apelación en Sinaloa confirmó la sentencia en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, por la cual se le impuso pena privativa de la libertad por 32 años y 3 meses”, recalcaron las organizaciones.
Sin embargo, el Estado mexicano y sus instituciones tienen una gran deuda con el caso: lograr la extradición del presunto autor intelectual del homicidio, Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, quien se encuentra en Estados Unidos supuestamente en calidad de procesado y testigo clave en múltiples procesos judiciales.
“El caso no saldrá de la impunidad hasta que todas las personas que hayan ordenado y participado en el homicidio de Javier sean procesadas ante la justicia mexicana”, denunciaron.
Además, la familia de Javier Valdez, las organizaciones civiles, el medio de comunicación Ríodoce y otros medios de información aliados; coincidieron en que los compromisos bilaterales entre Estados Unidos y México no son excusa para dejar en completa impunidad los delitos que cometieron las personas extraditadas, ni invisibilizar las voces de las víctimas que exigen justicia.
Finalizaron “como cada año desde 2017, las exigencias de justicia para Javier continúan como parte del reclamo general al Estado mexicano para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición de estos graves crímenes”.
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