A 10 años de que fueron y , ocho exestudiantes exigieron a la Fiscalía General de Justicia la reapertura de la investigación contra el entonces rector de la (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz.

En conferencia de prensa, en la capital poblana, José Fidel Sánchez Juárez, exalumno afectado, recordó que la noche del 8 de febrero de 2015, durante el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, él y sus compañeros fueron víctimas de tortura, secuestro y amenazas de muerte por parte de la . Su único “delito”, dijo, fue manifestarse en defensa de la .

“A mí, personalmente, me dejó muchas lesiones psicológicas fuertes y todavía tengo productos de la represión directa”, declaró.

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Señaló que “ver caminar tranquilamente a quien realizó la represión, me hizo volver a pedir una investigación contra el exrector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz”.

Acusaron que, pese a contar con una denuncia penal ante la extinta Procuraduría General de Justicia de Puebla, Esparza Ortiz regresó a la vida pública.

Asimismo, indicaron que el 8 de febrero de 2015, el exrector ordenó el desalojo de un plantón de estudiantes que fueron golpeados.

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A una década los hechos, los exestudiantes denunciaron que el caso sigue archivado en la Fiscalía General del Estado (FGE), sin avances significativos. Según explicaron, la administración de Moreno Valle cerró la investigación, lo que ha impedido que se haga justicia.

Además de la represión, acusan a Esparza Ortiz de presunta malversación de 7 millones de pesos mediante facturación falsa, uso del equipo Lobos BUAP para lavado de dinero, implementación de contratos simulados y hostigamiento contra voces críticas dentro de la universidad.

Ante esta situación, los afectados demandaron la reapertura del expediente y una auditoría que esclarezca los hechos. “No podemos permitir que regrese”, advirtió Sánchez Juárez, refiriéndose al exrector. “Esto no puede ser, eso sí es intolerable”.

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Los exestudiantes hicieron un llamado a las autoridades para que el caso no quede en el olvido y se castigue a los responsables de lo que calificaron como un ataque directo a la libertad de expresión y a la lucha por la educación pública.

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ss

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