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Texto: Angélica Navarrete R.
La reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo en 1994 pretendía reducir de 26 a 11 el número de ministros de la Suprema Corte de la Nación para hacerlo un organismo "más calificado"; sus integrantes ocuparían el cargo por 15 años y debían ser jubilados.
Entonces México tenía la Suprema Corte más numerosa a nivel mundial.
En este diario se lee que a días de tomar posesión como presidente de la República, el 5 de diciembre de 1994, la primera reforma de Zedillo Ponce de León fue realizar cambios a la Constitución en busca de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia. “Se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional”.
La medida pronto causó polémica y malestar entre integrantes del sector judicial y se calificó a la iniciativa presidencial como un “golpe de Estado a la Suprema Corte”. La misma Corte detuvo un proyecto de reforma del Poder Judicial, encabezado por el ministro presidente Ulises Schmill Ordoñez, para no entrar en conflicto con la presidencial.
La transformación era a fondo en materia judicial y de seguridad, pues el sistema judicial que regía entonces era de 1951, con apenas algunas reformas en 1955. Aún antes, en 1934, el presidente Lázaro Cárdenas había hecho algo similar al cesar a 16 ministros, nombrar a 21 y reasignar solo a 3.
Desde la Constitución de 1824 se disponía que 11 ministros debían conformar la entonces Corte Suprema de Justicia, lo mismo en la de 1847 y de 1857.
Fue en la Carta Magna de 1917, que nos rige hasta hoy, que se creó la posibilidad de inamovilidad por la inestabilidad del movimiento revolucionario y para evitar que cada gobierno que tomara el poder cambiara a su antojo a los integrantes de la Suprema Corte.
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En 1994 se reformaron 24 artículos de la Constitución
La iniciativa de Ernesto Zedillo de fines de 1994 pretendía que 7 miembros integraran el también nuevo Consejo de la Judicatura, encargado de librar a la Corte de tareas administrativas, así como de la selección de jueces y magistrados de excelencia y alta vocación profesional.
La reforma a 24 artículos de la Carta Magna comprendía cambios en la estructura del Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales estatales, municipales, del entonces Distrito federal y de la llamada Procuraduría General de la República. Todos estarían obligados a coordinarse para prevenir y combatir delitos según el nuevo régimen legal.
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Se buscaba, como el mismo Zedillo expresó, un país de leyes, un auténtico Estado de derecho. Ahora el nombramiento de los ministros de la Corte debía ser a propuesta del presidente, pero ratificada por el Senado.
Tampoco se permitiría que gobernadores, secretarios de Estado, diputados o senadores ocuparan un asiento en la sala de la máxima tribuna del país. En tanto que todos los cuerpos policiales del país debían emprender una profunda y efectiva transformación para un mejor combate a la delincuencia.
El entonces presidente calificó los cambios como “un paso de gran importancia en el perfeccionamiento de nuestra democracia” que garantizará un mejor equilibrio entre poderes.
Aquel 5 de diciembre en la residencia oficial de Los Pinos enmarcaron el anuncio presidencial, que duró de diez minutos, un cuadro de Venustiano Carranza y una Bandera Nacional.
Zedillo Ponce de León dijo que la iniciativa ya se había enviado al Congreso. Ese día estuvo acompañado del entonces jefe de la oficina de la Presidencia, Luis Téllez y por su secretario particular, Liébano Sáenz.
Señaló que dicho cambio establecía un principio constitucional para que los propios ciudadanos pudieran defenderse cuando el Ministerio Público por negligencia, corrupción o descuido, incumpliera su responsabilidad; así, el nombramiento del procurador general de la República, cabeza del Ministerio Público, estaría a cargo del Senado.
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La medida provocó malestares en el Poder Judicial
El 31 de diciembre de 1994, este diario retomó una entrevista con el ministro Mariano Azuela Güitrón, realizada por el reportero Francisco Arroyo, donde señaló que “la administración de justicia se había trastocado por la injerencia del Ejecutivo y porque a la Suprema Corte de justicia de la Nación se le había usado como “trampolín político”.
La reforma del Poder Judicial generó malestar porque, como también dijo en entrevista con este diario en 1994, el constitucionalista José Trinidad Lanz Cárdenas: todo sistema cuando se modifica y alteran situaciones creadas afecta intereses generados.
Por lo que Lanz Cárdenas, quien también fuera exministro de la Suprema Corte de la Nación, urgió a aprobar la iniciativa en beneficio de la nación.
Señaló que la propuesta no era nueva, pues desde por lo menos tres años atrás se había hablado en foros organizados por tribunales, universidades y asociaciones de abogados acerca de la necesidad de recortar ministros. En el fondo, explicó, “es el cambio total de la estructura y volverla a crear”.
Calificó como falso que fuera “un golpe de Estado a la Corte”, el ex ministro consideraba que “esta es la primera gran reforma y ésta es la roncha que ha generado tanta discusión…pero no podemos juzgar a priori, tenemos que juzgar en función de sus resultados y eso solo lo podrá decir el futuro, pero la realidad y el pasado nos dicen que para las funciones de la Suprema Corte de Justicia, son ya muchos los ministros”.
Lanz Cárdenas, entonces senador por Campeche, afirmó también que con las reformas en materia de seguridad los cuerpos de seguridad recobrarían credibilidad.
Para una mayor eficacia en la persecución de delitos, la iniciativa presidencial tenía prevista la creación de un sistema nacional de seguridad pública que ayudaría a combatir impunidad y corrupción; sin embargo, la propuesta presidencial debía ser enriquecida con aportaciones de diputados y senadores.
Así, el 22 de diciembre de 1994 la iniciativa presidencial zedillista fue aprobada en la Cámara de Diputados por 381 votos a favor, contra 66.
- Fuente: Hemeroteca de EL UNIVERSAL.
