Miami. Durante años, los tribunales federales de Estados Unidos fueron el escenario de una meticulosa cacería judicial contra los capos más notorios del narcotráfico mexicano. Desde que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue condenado a cadena perpetua en 2019, cada nuevo juicio parecía escalar en simbolismo y profundidad, revelando las entrañas principalmente del Cártel de Sinaloa y sus redes internacionales. Pero no fue sino hasta la inesperada detención de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio de 2024, que ese largo proceso alcanzó su punto culminante. Para fiscales y analistas en Washington, la caída del jefe más escurridizo del narco, quien durante décadas evadió la justicia y el ojo público, representó el “broche de oro” en la ofensiva judicial de Estados Unidos contra las cúpulas del crimen organizado. “Es la pieza que faltaba en el rompecabezas”, declaró un funcionario del Departamento de Justicia tras su imputación en Nueva York.
Con el arribo de Zambada al sistema penitenciario estadounidense, los otros juicios abiertos, incluidos los de Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López, Rubén Oseguera y Néstor Isidro Pérez Salas, entre otros, adquirieron una nueva dimensión: todos orbitan ahora alrededor del peso político y estratégico que implica tener bajo custodia al hombre que dirigió, desde las sombras, el cártel más longevo de México.
Uno de los acuerdos más trascendentes ocurrió el pasado 11 de julio, en una sala de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, cuando la jueza Sharon Johnson Coleman escuchó a Ovidio Guzmán López declararse culpable de liderar una red de tráfico de fentanilo, cocaína y heroína hacia Estados Unidos. Con esta declaración, el gobierno de Estados Unidos cerraba uno de los pactos más esperados desde el inicio de su campaña para desmantelar la cúpula del Cártel de Sinaloa y confirmaba que Ovidio ingresó formalmente al sistema de testigos colaboradores del sistema judicial estadounidense; tal y como una fuente del Departamento de Justicia informó a EL UNIVERSAL.
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Andrew Boutros, fiscal de Illinois, advirtió que "este histórico acuerdo de culpabilidad con Ovidio Guzmán envía un mensaje cristalino: esta administración cerrará y hará rendir cuentas a los líderes del crimen organizado transnacional".
La caída de Ismael "El Mayo" Zambada, quien fue entregado por Joaquín Guzmán, hermano de Ovidio, selló un ciclo que comenzó años antes con la condena perpetua de El Chapo y que ha tenido en los últimos cinco años una sucesión de juicios de alto impacto en distintas cortes federales. El entonces fiscal general Merrick Garland, en funciones en ese momento, declaró que "Zambada ha sido acusado de supervisar una conspiración multimillonaria para inundar las comunidades americanas con narcóticos, incluido el fentanilo letal".
La secretaria adjunta del Departamento de Justicia, Lisa Mónaco, reforzó ese mensaje: "El Cártel de Sinaloa ha lucrado durante décadas envenenando y matando estadounidenses. Esta comparecencia es el último paso en un esfuerzo conjunto para golpear a una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo".
Joaquín Guzmán, quien se entregó a las autoridades de Estados Unidos al mismo tiempo que entregaba a “El Mayo”, aún no se declara culpable, pero las autoridades confirmaron que busca un arreglo similar al de su hermano Ovidio.
En Brooklyn, la figura de Joaquín Guzmán Loera sigue proyectándose. Tras ser condenado en 2019 a cadena perpetua más 30 años, el Chapo apeló infructuosamente su sentencia. En diciembre de 2023, el juez Brian Cogan reafirmó el fallo original y calificó el caso como "la persecución criminal más notoria de la década". Guzmán cumple su condena en la prisión ADX Florence, Colorado, en régimen de aislamiento.
El juicio de El Chapo fue el primero de una serie de procesos emblemáticos que sentaron las bases para los enjuiciamientos posteriores de los últimos años. Ahí está el de Rubén Oseguera González, alias "El Menchito", hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enemigo acérrimo en esa época del cartel de Sinaloa. Fue sentenciado el 10 de enero pasado a cadena perpetua más 30 años; en Washington, DC. La fiscal Pamela Bondi aseguró que Oseguera fue "uno de los primeros arquitectos del tráfico de fentanilo que desató el capítulo más mortífero de la crisis de opioides sintéticos" en la Unión Americana. Derek Maltz, exadministrador de la DEA, remató afirmando que "este país es más seguro sabiendo que El Menchito pasará el resto de su vida tras las rejas".
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En mayo de 2024, Néstor Isidro Pérez Salas, alias "El Nini", considerado el jefe de seguridad de los Chapitos, fue extraditado a Estados Unidos. Garland, aún como fiscal general en ese entonces, lo calificó como "uno de los sicarios principales del Cártel de Sinaloa".
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fue condenado en octubre de 2024 a 38 años de prisión. El fiscal Breon Peace sostuvo que "la traición de García Luna permitió la importación de más de un millón de kilogramos de drogas letales" a la Unión Americana. Anne Milgram, directora de la DEA, expresó que "ningún poder protegerá a los líderes corruptos del mundo que usan su posición para ayudar a los cárteles".
Jesús Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", hijo de El Mayo, aunque fue condenado en 2019 y liberado en 2021 como testigo protegido, ha sido una pieza clave en varios de estos procesos. Su cooperación ha sido reactivada bajo la condición de testificar contra cualquier miembro del Cártel de Sinaloa requerido por el gobierno estadounidense, incluyendo eventualmente su propio padre.
Por su parte, el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos, el 28 de febrero pasado, a figuras históricas y operativos clave de diversos cárteles, entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y del Cártel de Caborca, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena; quien fue trasladado a Nueva York y enfrenta una posible pena de muerte o, al menos, cadena perpetua. También fue entregado Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, requerido por 46 cargos federales en la misma corte.
En Washington DC, se procesa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, y a su hermano Omar Treviño Morales “alias Z-42”, exlíderes de Los Zetas, vinculados a masacres como la de San Fernando y la de Allende. Enfrentan más de 50 cargos y podrían recibir cadena perpetua. En esa misma corte comparece Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de El Mencho, líder del CJNG, acusado de tráfico de cocaína y metanfetaminas.
Otros casos destacados incluyen a José Rodolfo Villarreal Hernández, alias “El Gato”, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva, trasladado a McKinney, Texas, por acecho interestatal y conspiración; José Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”, uno de los fundadores de La Familia Michoacana, enviado a White Plains, Nueva York, y José Alberto García Vilano, alias “La Kena”, exlíder del Cártel del Golfo, vinculado al secuestro de ciudadanos estadounidenses en Matamoros, procesado en Houston, Texas.
Estos juicios, distribuidos en cortes de Nueva York, Texas, Arizona, Illinois y Washington DC, representan un momento crítico en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, con al menos seis casos en evaluación para pena capital.
A través de todos estos juicios, Estados Unidos ha moldeado una narrativa de justicia implacable contra las cabezas del crimen organizado transnacional. Los fiscales federales han actuado coordinadamente desde diversas oficinas en la Unión Americana, amparados por iniciativas como la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF por sus siglas en inglés) y el programa “Operation Take Back America”, lanzado en 2023.
Los testimonios obtenidos de colaboradores como “El Vicentillo”, Ovidio y otros informantes han permitido a las agencias federales construir casos sólidos, al tiempo que alimentan investigaciones en curso. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) ha informado que estos testimonios han contribuido a mapear flujos financieros, redes logísticas y vínculos políticos de las organizaciones criminales.
Con el juicio de “El Mayo” por iniciar y el destino judicial de Joaquín Guzmán aún pendiente, la ofensiva judicial continúa. Y cada juicio, cada testimonio, cada cadena perpetua, cada acuerdo, se proyecta como un ladrillo más en el muro que Estados Unidos construye en los tribunales contra las organizaciones criminales más temidas del narcotráfico internacional.