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Washington.— Las autoridades del estado estadounidense de Virginia anunciaron ayer que abrieron una investigación sobre abusos sexuales de niños por parte del clero católico, convirtiéndose en el más reciente de una serie de estados en lanzar sus propias pesquisas sobre sacerdotes pedófilos.
El fiscal general del estado, Mark Herring, lanzó una línea telefónica y un sitio web disponible las 24 horas del día para permitir que las personas que fueron víctimas de curas reporten sus experiencias en apoyo de la investigación.
La medida se produce luego de que investigaciones similares fueran lanzadas en Pennsylvania, Washington DC, Nueva York y Nueva Jersey como resultado de un informe del gran jurado de Pennsylvania que documentó a más de 300 sacerdotes “depredadores” acusados de abusar de más de mil niños en el estado durante siete décadas. La investigación de Virginia examinará el comportamiento de los sacerdotes, así como si los líderes de las diócesis católicas en el estado incitaron o encubrieron los delitos.
“Como muchos estadounidenses, leí el informe del gran jurado sobre el abuso del clero en la diócesis católica de Pennsylvania y me sentí asqueado”, dijo Herring en un comunicado.
“Si ha habido abuso o encubrimiento en Virginia como [ocurrió] en Pennsylvania, quiero saberlo, quiero erradicarlo y quiero ayudar a los sobrevivientes a obtener justicia y emprender un camino hacia la curación”, dijo.
El informe del gran jurado de Penn-sylvania, publicado en agosto, asestó un nuevo golpe a la Iglesia católica de Estados Unidos.
Eso llevó a la renuncia forzada del arzobispo de Washington DC y ex obispo de Pittsburgh, Pennsylvania, Donald Wuerl, a quien se le acusó de no hacer suficiente para enfrentar los casos de los sacerdotes pedófilos.
Otros estados, incluyendo Missouri, Nuevo México y Nebraska han abierto investigaciones sobre posibles abusos del clero en sus instituciones católicas.
En Chile, la Justicia fijó para el 20 de noviembre una audiencia de conciliación entre los representantes de tres víctimas de abusos del sacerdote Fernando Karadima —quienes piden unos 660 mil dólares por daño moral— y el Arzobispado de Santiago.
No obstante, la posibilidad de un acuerdo ya fue descartada por James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, los tres denunciantes del religioso, que hace unas semanas fue expulsado del sacerdocio por el papa Francisco. En las redes sociales, Murillo, manifestó que “la verdad no se transa ni por dinero”.
Ayer mismo, el papa Francisco destituyó al obispo de Memphis, monseñor Martin Holley, cuya diócesis en Tennessee está siendo investigada por el Vaticano por quejas relacionadas con su gestión. El Vaticano indaga los traslados de decenas de sacerdotes a otras parroquias sin motivo aparente.
