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El dolor que sintió la familia de Rebecca Beatriz Rodrigues Santos (7 años) y Emilly Victoria da Silva Moreira Santos (4 años) —quienes murieron de un disparo el 4 de diciembre mientras jugaban frente a su casa— fue similar al que golpeó a Leandro Monteiro de Matos, padre de Vanessa Vitória dos Santos (10 años), quien murió en julio de 2017 al recibir un disparo en la cabeza dentro su casa.
Como en el caso de Rebecca y Emilly, la muerte de Vanessa ocurrió en una favela de Río de Janeiro durante un operativo political y causó gran conmoción, presionando a la Policía Civil y al Ministerio Público de ese estado brasileño a esclarecer el caso.
Sin embargo, más de tres años después, nadie ha sido castigado por el crimen y Matos aún no sabe quiénes fueron los responsables de que su hija perdiera la vida antes de tiempo. Un retraso, dice, que agrava su sufrimiento.
"Espero que se resuelva, pero no tengo mucha confianza porque, lamentablemente, no hay justicia para los pobres y las favelas. El Ministerio Público no sé ni para qué sirve", le dijo a BBC News Brasil.
Para el padre de Vanessa, la falta de resolución y castigo por la muerte de su hija y otros casos similares al suyo alimentan la repetición de los asesinatos.
Solo en 2020, otros diez niños menores de 14 años, además de Rebecca y Emilly, murieronen operaciones policiales en el estado de Río de Janeiro, según la organización de Río de Paz.
"Esto le ocurrió a mi hija, pero conozco a más personas en esta situación. El pariente va, entierra al fallecido y se acabó. Nadie sabe quiénes son los culpables", asegura Matos.
Vanessa recibió los disparos que le causaron la muerte cuando iba de camino a casa desde la escuela, en la tarde del martes 4 de julio de 2017.
Según familiares que estaban presentes, policías militares de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) Camarista-Méier irrumpieron en la casa para disparar contra unos narcotraficantes.
La Policía Civil está investigando el caso, pero todavía no han concluido las pesquisas.
El caso de Vanessa no es una excepción en Río de Janeiro, un estado que resuelve solo el 11% de los homicidios, según el estudio "Dónde vive la impunidad", de la organización Sou da Paz, que analizó los homicidios ocurridos en 2017 y esclarecidos hasta diciembre de 2018.
En otras palabras, en Río de Janeiro, por cada 100 asesinatos ocurridos en el año de la muerte de Vanessa, solo 11 habían generado una denuncia penal por parte del Ministerio Público a finales del año siguiente.
"Sentimiento de injusticia"
Incluso los casos en los que hay una denuncia penal tienden a prolongarse en los tribunales, aumentando el descontento de las familias, le dijo a BBC News Brasil el defensor público Fábio Amado, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Defensoría de Rio.
"La demora hace perdurar el dolor, el sufrimiento de las familias. La justicia tiene que ser, por supuesto, eficaz, correcta, pero también rápida. Porque, cuando se demora, crea un sentimiento de injusticia", apunta él.
La directora ejecutiva del Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, está de acuerdo con el padre de Vanessa en que la baja resolución de los homicidios en Río contribuye a la repetición de este tipo de muertes.
Ella dice que es fundamental incrementar la capacidad de investigación de la Policía Civil y la producción de pruebas como el análisis rápido de la escena del crimen. "Las primeras 24 horas, 48 horas, son muy importantes para dilucidar el homicidio", destaca.
Fábio Amado dice que debe producirse "informe de examen local" que se complemente con la reconstrucción del crimen, que resulta "crucial".
Esa prueba no se llevó a cabo en el caso de la muerte de Vanessa, dice su padre.
El caso de João
La muerte de João Pedro Matos Pinto, de 14 años, ocurrió durante un operativo policial en mayo.
Tras recibir un disparo, João Pedro fue llevado en helicóptero por la policía. La familia estuvo sin noticias de él durante horas. Familiares y amigos de João Pedro que estaban presentes en el momento de su muerte dicen que agentes policiales entraron en la casa disparando, y dispararon al niño.
La versión policial es que unos narcotraficantes saltaron el muro de la casa y el niño fue golpeado durante un enfrentamiento.
Sin embargo, João Pedro recibió un disparo en órganos vitales, por lo que es probable que ya estuviera muerto cuando fue llevado en helicóptero, evalúa la Defensoría Pública de Río de Janeiro.
El organismo también cuestiona el hecho de que tres granadas (sin detonar) —que los policías que participaron en la acción presentaron como prueba de que los traficantes ingresaron a la casa— hayan sido analizadas por un escuadrón antibombas que fabrica partes policiales que estaban en la operación, y luego hayan sido destruidas.
La reproducción simulada de los hechos no se realizó hasta el 29 de octubre, una demora atribuida a la pandemia de coronavirus.
Este caso es un ejemplo de irregularidades comunes en la investigación de muertes de fallecidos por disparos de bala en las favelas de Río.
Como la policía suele estar involucrada, señala Carolina Ricardo, es frecuente que los agentes saquen el cuerpo de la víctima y traten de destruir las pruebas, en lugar de preservar la escena del crimen.
Testigos asustados
Con poca capacidad investigativa, la prueba más utilizada por la policía en Brasil es la recolección de testimonios de testigos, dice Carolina Ricardo.
Ella cree que incluso eso debería mejorarse, ya que los testigos a menudo se sienten desprotegidos a la hora de hablar.
Este problema también lo enfrentó el padre de Vanessa, quien dice tener miedo de ser asesinado por su insistencia en que se haya justicia por la muerte de su hija.
Matos dice que fue interrogado como si tuviera la responsabilidad de lo sucedido porque la niña estaba sola en la casa en el momento en que la policía invadió la casa. Ella había entrado a cambiarse las zapatillas antes de ir a casa de su madrina, aclara él.
"Interrogaron a los familiares que estaban presentes: a mi nuera, la madrina (de Vanessa). También me llamaron a mí, aunque yo no estaba presente (en el momento de la muerte) y tuve que ir a la Comisaría de homicidios dos veces".
"Fueron horas , horas y horas... ni en presencia de un abogado respetaron el dolor de la persona. Yo estaba muerto de miedo porque me hicieron muchas entrevistas".
Mientras sufre esperando justicia, se aferra a los buenos recuerdos de su hija. "No hay un día en mi vida en que no piense en mi hija. Guardo aquella sonrisa. Intento pensar en las cosas buenas que me dio", dice emocionado.
BBC News Brasil contactó el viernes (11/12) a la Policía Civil y al Ministerio Público de Río de Janeiro y preguntó sobre la lentitud en esclarecer el asesinato de Vanessa, pero no obtuvo respuesta hasta la publicación de este artículo.
Investigación de las muertes de Rebecca y Emilly
Mientras tanto, las muertes de Rebecca y Emilly está siendo investigadas por la Policía de Homicidios.
Se incautaron rifles y pistolas de cinco policías que se encontraban en la zona. La abuela de Rebecca y la tía de Emilly, Lídia da Silva Moreira Santos, dijeron que vieron a policías disparar desde el vehículo hacia la calle.
La Policía Militar indica que un equipo se encontraba patrullando en la calle cuando se escucharon disparos. Según su comunicado, "no hubo disparos de la policía".
Alessandro dos Santos, el padre de Emilly, declaró a la prensa local que espera "que ese policía pueda pagar ante la justicia de humana y ante la justicia de Dios".
"No le deseo que pase por el dolor por el que estoy pasando en estos momentos".
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