Las víctimas reconocidas dentro del caso contra el expresidente colombiano (2002-2010) presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario de casación contra la decisión en segunda instancia de un tribunal que lo absolvió de los delitos de soborno en actuación penal y .

La medida, confirmada este miércoles por el Tribunal Superior de en un documento que deja constancia del traslado de casación, busca revertir la decisión del 21 de octubre, cuando revocó la sentencia en primera instancia que había condenado a Uribe a 12 años de cárcel domiciliaria y lo exoneró de todos los cargos.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá respondió a la apelación del exmandatario, de 73 años y uno de los políticos más influyentes de las últimas dos décadas en Colombia, contra la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien en agosto pasado, en el llamado 'juicio del siglo' en el país, lo convirtió en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente.

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Ahora, los representantes legales de las víctimas reconocidas en este proceso, entre ellas el senador y aspirante presidencial por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.

En términos generales la Corte estudia un recurso extraordinario de casación para verificar si en un fallo anterior hay errores de derecho o de procedimiento que transgredan la ley, la Constitución o la jurisprudencia.

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, a su llegada a la Corte Suprema el 12/3/2023.  EFE/ JUAN ZARAMA/ Archivo
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, a su llegada a la Corte Suprema el 12/3/2023. EFE/ JUAN ZARAMA/ Archivo

La decisión en segunda instancia

En su fallo, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que no existían pruebas suficientes que acreditaran que Uribe ordenó ofrecer beneficios a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve a cambio de que no lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.

Además, el tribunal consideró que el delito de fraude procesal no estuvo sustentado y declaró ilícitas unas interceptaciones telefónicas a Uribe en 2018 porque se iniciaron por error cuando se investigaba a otra persona.

Este caso contra Uribe, quien siempre defendió su inocencia y calificó la primera condena de persecución política, se remonta a 2012, cuando el entonces senador demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

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No obstante, la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo que durante el conflicto armado colombiano se enfrentó a las guerrillas de izquierda.

Tanto Uribe como Cepeda participan activamente en la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que celebrará en 2026.

El partido de derechas Centro Democrático, fundado y liderado por Uribe, anunció que el exmandatario se sumará a la carrera por el Senado, mientras que Cepeda fue elegido el domingo pasado en una consulta interna como candidato presidencial del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que en 2022 llevó al presidente Gustavo Petro al poder.

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es/mgm

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