ganaba 13 millones de pesos (el equivalente a 3 mil 200 dólares) al mes, pero gastaba como si ganara 200 millones de pesos (50 mil dólares mensuales). Esa es una de las conclusiones de la Fiscalía de Colombia, que el martes imputó al hijo del presidente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Este jueves está prevista una audiencia donde se definirá la situación tanto del diputado Nicolás Petro como de su expareja, Day Vásquez, quien fue la que proporcionó la información sobre que él habría recibido dinero de narcotraficantes. Nicolás Petro podría permanecer preso, o fijársele una fianza para que siga su proceso en libertad. Petro y Vásquez fueron capturados el sábado en la ciudad de Barranquilla y trasladados a Bogotá.

“Creo que todos nos haríamos hacer elegir como diputados. ¡200 millones de pesos, por favor! Señor Nicolás, usted no cuenta con otra actividad económica que le genere ingresos, ninguna. De hecho, señor Nicolás, en sus declaraciones de renta presentadas para el año 2020 y 2021 enunció tener únicamente rentas derivadas de su trabajo como diputado por la Asamblea del Atlántico, con un patrimonio para el año 2020 de 52 millones 800 mil pesos”, dijo el fiscal Mario Burgos, de acuerdo con la revista Semana.

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“Ganaba 13 millones de pesos, salario integral aproximadamente 18 millones 700 mil pesos como diputado”, siguió el fiscal, quien aseguró que esa era su única fuente de ingresos.

El duro relato que hizo el fiscal de las pruebas que tiene terminó por doblegar a Nicolás Petro, quien con lágrimas en los ojos manifestó ante un juez que está dispuesto a colaborar con la justicia, según una reseña de la acusación publicada por el diario El Tiempo.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé, que viene en camino”, dijo Petro.

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Dos horas antes, en la diligencia de imputación, Nicolás Petro se había declarado inocente al no aceptar los cargos que le leyó el fiscal.

Antes de que tome la decisión de colaborar, el fiscal Mario Burgos le había ofrecido aceptar su responsabilidad para recibir una rebaja del 50% de la posible condena que recaería en su contra. El fiscal Burgos dijo que la pena por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito es de unos 12 años de prisión.

La Fiscalía también imputó a la exesposa Daysuris Vásquez por lavado de activos y violación de datos personales. Ella también se declaró inocente.

La agencia AFP recordó que tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro lo acusó de recibir grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de su padre en el 2022, pero que en realidad fueron a su bolsillo y las utilizó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla.

Según el fiscal Burgos, el condenado por narcotráfico Samuel Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (102 mil dólares).

Mientras que Alfonso ‘El turco’ Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar a grupos paramilitares y planear homicidios, le habría entregado la misma cantidad, según el fiscal.

En medio de la espera para la continuación de la audiencia, suspendida después de que Petro dijera que colaboraría, han pasado algunas cosas que podrían sacudir el proceso. Primero, la denuncia de que la Fiscalía habría infiltrado el esquema de seguridad de Nicolás Petro con un agente encubierto que luego declaró en su contra. Esto lo denunció el exabogado de joven Petro, Juan Trujillo, y también el periodista Daniel Coronell, quien publicó lo que sería un extracto de la declaración que este agente encubierto le habría dado al ente acusador. La Fiscalía, sin embargo, lo negó rotundamente.

Lo segundo fue un extraño pedido que hizo el propio presidente al enviar a la Corte Suprema de Justicia su terna para la elección de la próxima Fiscal General de la Nación. En la carta de una página en la que remitió sus tres candidatas, el jefe de Estado pidió que se contemple la posibilidad de nombrar un fiscal ad-hoc para que asuma las investigaciones contra miembros de su familia para que no se cuestione la transparencia de ellas, informó El Tiempo.

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