Un siglo de sufragio femenino, una lucha por el voto inacabada en EU

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Un siglo después de que las mujeres lograran el derecho al voto en Estados Unidos, la lucha por el sufragio universal sigue viva en el país, donde las minorías aún enfrentan trabas para votar en varios estados y el fantasma del fraude electoral sigue utilizándose para limitar el acceso a las urnas.

La fiesta se celebró en Tennessee: en una votación muy ajustada, ese estado sureño ratificó el 18 de agosto de 1920 la Decimonovena Enmienda de la Constitución estadounidense, y culminó el proceso para añadir a la carta magna una frase sencilla pero poderosa: ya no podía prohibirse el voto a nadie en Estados Unidos “por razón de su sexo”.

La batalla para conseguirlo duró 72 años, desde la primera convención por los derechos de la mujer en 1848 en Seneca Falls (Nueva York), y muchas de sus impulsoras murieron antes de poder votar, mientras que otras fueron encarceladas y torturadas por sus desafiantes protestas ante la Casa Blanca en la década de 1910.

Lejos de ser homogéneo, el movimiento de las sufragistas abarcaba distintas filosofías políticas y discriminó a sus integrantes afroamericanas, que en algunos casos se rebelaron: la periodista Ida B. Wells, por ejemplo, se negó a situarse en la cola de su delegación durante la marcha en Washington por el sufragio femenino en 1913.

“(El movimiento de las sufragistas) expuso la misoginia y el machismo de quienes creían que las mujeres no tenían nada que aportar a la sociedad civil, pero también el racismo y el supremacismo blanco que llevó a algunas a creer que las mujeres negras no debían acceder al voto”, explicó a Efe Marcia Chatelain, profesora de historia en la Universidad de Georgetown.

Con la ratificación de la Decimonovena Enmienda, el camino hacia el sufragio universal en Estados Unidos parecía completo: los hombres afroamericanos habían conseguido el derecho al voto con otro cambio a la Constitución en 1870, así que, sobre el papel, la norma era que todos los estadounidenses podían acudir a las urnas.

Pero aún faltaban casi cinco décadas para que ese derecho se extendiera en la práctica a todas las minorías, y 100 años después, las tácticas para suprimir el voto en varios estados siguen impidiendo la realización completa del sueño de las sufragistas, y perjudican sobre todo a los negros, latinos y nativos americanos.

Medio siglo de espera para mujeres afroestadounidenses y latinas

“En el caso de las mujeres afroamericanas, particularmente en el sur, el derecho al voto no estuvo protegido para ellas hasta 1965. Tuvieron que pasar casi cincuenta años más”, recordó Chatelain.

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Fue ese año cuando se aprobó la Ley de Derechos al Voto, que derribó la mayoría de las barreras al sufragio que habían impuesto muchos estados y localidades del sur para dificultar el acceso de los afroamericanos a las urnas, con tácticas como el pago de tasas o la instauración de “tests de alfabetización” imposibles de superar.

Al prohibir la discriminación racial en el acceso al voto, la ley de 1965 también benefició a los latinos y nativos americanos, pero muchos hispanos tuvieron que esperar una década más, hasta 1975, para que se prohibieran explícitamente las trabas al voto para aquellos que no hablaban o entendían bien el inglés.

En 2013, una decisión del Tribunal Supremo debilitó parte de la ley de 1965 y algunos estados implementaron nuevas medidas que, según expertos y activistas, impactan de forma desproporcionada a los afroamericanos y latinos y en muchos casos les disuaden de votar o se lo impiden.

“Cuando se trata del voto de los negros, los hispanos o los indígenas, la historia de Estados Unidos no es tanto una historia de democracia como una de hipocresía”, dijo a EFE el director para asuntos externos de la organización civil dedicada a la lucha contra la corrupción RepresentUs, Renaldo Pearson.

Todavía hay estadounidenses que tienen el derecho al voto vetado de por vida: en once estados del país, quienes cometen algunos crímenes pierden indefinidamente el derecho al sufragio, incluso después de cumplir su condena, aunque cada vez son más los territorios que están reformando ese tipo de normas.

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“Las mujeres negras son muy importantes en la política electoral en parte porque, en comparación con los hombres negros, es más improbable que acaben en el sistema de justicia criminal; así que pueden votar más mujeres que hombres negros”, apuntó a Efe la experta en política y raza en la Universidad Emory (Georgia) Andra Gillespie.

A partir de la década de 2000, varios estados empezaron a impulsar medidas para impedir el fraude electoral, a pesar de que un estudio de 2007 del Centro Brennan para la Justicia demostró que es “más difícil que a un ciudadano le parta un rayo que se haga pasar con éxito por otro votante”.

Con ese propósito, muchos estados empezaron a exigir algún tipo de documento identificativo con fotografía para votar, lo que perjudicó a los más pobres o marginados, complicaron el proceso de registro o eliminaron de los padrones de votantes a quienes llevaban años sin votar, una práctica aún frecuente en varios territorios.

Agitar el fantasma del fraude electoral acaba perjudicando a las poblaciones más marginadas o pobres, que suelen incluir a los latinos o negros, porque a menudo repercute en la aprobación de nuevas medidas que aumentan las barreras para quienes tienen menos recursos, según los expertos consultados por EFE.

“La forma en la que se implementaron las leyes de documentos identificativos tuvo el potencial de desalentar a los afroamericanos (y latinos) más pobres o ancianos de registrarse para votar”, señaló Gillespie.

Mientras activistas como Pearson proponen soluciones como la posibilidad de registrarse para votar el mismo día de los comicios, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado una campaña contra el sufragio por correo en las elecciones del 3 de noviembre.

Con el argumento no demostrado de que el voto por correo puede facilitar el fraude, Trump ha permitido una serie de duros recortes en el Servicio Postal que podría resultar en la privación del voto de millones de estadounidenses en 46 de los 50 estados del país.

Ese panorama demuestra que la batalla que iniciaron las sufragistas no ha terminado, y Chatelain cree que los estadounidenses deben aprender una lección de ellas: “La importancia de las alianzas entre comunidades”, de distintas razas o niveles socioeconómicos, “por el bien común de asegurarse de que todo el mundo puede votar”.

lsm