Washington. La Casa Blanca afirmó este miércoles que el juez que suspendió temporalmente la expulsión de migrantes bajo una ley de guerra del siglo XVIII está intentando "usurpar" el Poder Ejecutivo.
"Está muy, muy claro que se trata de un juez activista que trata de usurpar la autoridad del presidente", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, aludiendo al juez James Boasberg, quien ordenó bloquear las deportaciones basadas en la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros y que cuestionó el traslado de más de 200 migrantes detenidos venezolanos a El Salvador.
El gobierno alega que se trata de miembros del Tren De Aragua, una banda criminal venezolana a la que declaró "terrorista".
"Los jueces de este país están actuando erróneamente. Tenemos jueces que actúan como activistas partidistas desde el tribunal. Intentan imponer políticas al presidente de Estados Unidos. Intentan claramente frenar la agenda de esta administración, y eso es inaceptable", dijo Leavitt.
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En su rueda de prensa destacó que seguirán peleando en los tribunales las órdenes en su contra.
"Jueces socavan voluntad del pueblo", acusa vocera de la Casa Blanca
En opinión de Leavitt, dichos jueces no sólo están "usurpando la voluntad" del presidente y del Ejecutivo, "sino que están socavando la voluntad del público estadounidense, de decenas de millones de estadounidenses que eligieron debidamente" a Trump para implementar las políticas que está aplicando.
Por ello recalcó que la ciudadanía "desde luego" que puede esperar que la campaña de deportaciones masivas prosiga.
Trump invocó el fin de semana la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial, para acelerar las deportaciones de supuestos miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
El presidente argumentó que Estados Unidos estaba sufriendo una "invasión" de dicho grupo, aunque no presentó pruebas, y, pese a la orden judicial, ha enviado ya a más de 200 venezolanos a El Salvador, que se ofreció a encarcelarlos.
"No tenemos ningún vuelo planeado específicamente, pero continuaremos con las deportaciones masivas. El juez en este caso intenta afirmar que el presidente no tiene la autoridad ejecutiva para deportar a terroristas extranjeros de nuestro territorio. Eso constituye un flagrante abuso de poder. Este juez no puede, no tiene esa autoridad", concluyó Leavitt.
La portavoz rechazó presentar las pruebas que justifican la supuesta pertenencia de esas personas al Tren de Aragua y dijo confiar en los agentes que se dedican a esa labor.
Trump y su círculo cercano incrementaron este miércoles la presión contra Boasberg después de que el congresista republicano Brandon Gill iniciara en la Cámara de Representantes el proceso de destitución.
En caso de que ese primer paso sea validado por dicho hemiciclo, las perspectivas de éxito para un intento de destitución son inexistentes, según los expertos, puesto que el cese solo se volvería efectivo si dos tercios del Senado refrendan lo aprobado por la Cámara Baja, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas.
Rechazan orden de juez de dar información sobre vuelos
El Departamento de Justicia está resistiendo la demanda del juez Boasberg de proporcionar más información sobre los vuelos que llevaron a deportados a El Salvador, argumentando el miércoles que el tribunal debería poner fin a sus “continuas intromisiones” en la autoridad del poder ejecutivo.
Boasberg, quien fue nominado para el banco federal por el presidente demócrata Barack Obama, había ordenado a la administración Trump que respondiera varias preguntas bajo secreto, donde la información no sería expuesta públicamente. Había preguntas sobre los horarios de despegue y aterrizaje de los aviones, y el número de personas deportadas bajo la proclamación de Trump.
El juez ha cuestionado si la administración Trump ignoró su orden judicial el sábado de dar la vuelta a los aviones con deportados que se dirigían al país centroamericano, que había acordado alojarlos en una notoria prisión.
En documentos judiciales presentados horas antes de la fecha límite para responder el miércoles, el Departamento de Justicia declaró que las preguntas del juez son “graves intromisiones en aspectos fundamentales de la autoridad absoluta y no revisable del Poder Ejecutivo en relación con la seguridad nacional, las relaciones exteriores y la política exterior”. Añadió que estaba considerando invocar el “privilegio de secretos de Estado” para permitir que el gobierno retenga parte de la información solicitada por el tribunal.
“El supuesto subyacente de estas órdenes... es que el Poder Judicial es superior al Poder Ejecutivo, particularmente en asuntos no legales que involucran relaciones exteriores y seguridad nacional. El gobierno no está de acuerdo”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia. “Las dos ramas son co-iguales, y las continuas intromisiones del Tribunal en las prerrogativas del Poder Ejecutivo, especialmente en un asunto no legal y fácticamente irrelevante, deberían cesar”.
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