Miami.— El pasado 4 de febrero el peor temor de la familia Hernández García se volvió realidad. Adriana y Gonzalo viajaban con sus seis hijos rumbo a Houston, apurados por la urgencia de una cita médica para su hija de 10 años, quien lucha contra un cáncer cerebral. Las luces intermitentes de un control migratorio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) les indicaron que se detuvieran.
En el asiento trasero su pequeña hija de 10 años no se sentía bien; a su lado, su hermano de 15 años, con un grave trastorno cardíaco, respiraba agitado. Adriana explicó a los oficiales que se dirigían a una revisión de emergencia. “Intenté explicarles que mi hija está enferma, pero no les interesó escuchar”, recordó la mexicana, en entrevista exclusiva a la cadena estadounidense NBC. Los agentes ordenaron a la familia descender del auto y la pesadilla comenzó.
Adriana y Gonzalo Hernández García (nombres cambiados para proteger su identidad), mexicanos, llevaban más de una década viviendo en Texas. Trabajaban duro, pagaban sus impuestos y participaban activamente en la comunidad, mientras criaban a sus hijos en el país al que consideran su hogar, aunque ellos nunca pudieron legalizar su situación.
“Cinco de los seis niños son nacidos en Estados Unidos y, por tanto, son ciudadanos estadounidenses con plenos derechos”, explica a EL UNIVERSAL el abogado especialista en inmigración José Jordán. Los padres, aunque indocumentados, no tienen antecedentes penales ni cuentas pendientes con la ley.
En 2024, a su hija menor de 10 años le diagnosticaron un tumor cerebral maligno y casi al mismo tiempo descubrieron que su hijo adolescente sufría el síndrome denominado QT largo, un peligroso trastorno cardíaco. Desde entonces, las semanas se llenaron de visitas urgentes a un hospital en Houston, Texas.
En esos recorridos, varias veces pasaron por puntos de control migratorio, pero lograban pasar mostrando las cartas de sus médicos y abogados que explicaban la situación.
Sin embargo, aquella mañana de febrero todo fue distinto. Los agentes del ICE los detuvieron al ver que los padres eran indocumentados. Fueron trasladados a diferentes centros de detención, separados por géneros; Adriana intentaba consolar a su hija enferma. La niña, débil tras recientes cirugías, tuvo que acostarse en el suelo frío sin recibir ninguna atención especial, pese a su condición delicada. En otra sala, Gonzalo trataba de calmar a sus cuatro hijos varones, quienes preguntaban entre sollozos qué les iba a pasar. “El miedo es horrible. Casi no puedo explicarlo, pero es algo frustrante, muy duro, algo que no se lo desearías a nadie”, describió Adriana sobre esos momentos de terror.
Al día siguiente, los agentes de migración dieron dos opciones a Adriana y Gonzalo: dejar a los cinco niños bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, mientras que ellos eran deportados, o ser expulsados todos juntos del país.
“No íbamos a dejar a nuestros hijos solos. Somos una familia y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos”, dijo después Gonzalo. Así fue como los Hernández García fueron conducidos fuera de Estados Unidos. Los agentes los dejaron a su suerte en el lado mexicano de un puente fronterizo de Texas, con apenas la ropa que llevaban puesta. Detrás quedaban su casa, sus pertenencias, sus amigos, la escuela de los niños y, sobre todo, los tratamientos médicos vitales que mantenían con vida a su hija y a su hijo adolescente.
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De la noche a la mañana pasaron de ser una familia texana estable a exiliados involuntarios, sin hogar ni certidumbre. Encontraron un albergue improvisado, donde la niña de 10 años preguntaba cuándo podría volver a ver a sus médicos en Houston, mientras su hermano de 15 años se aferraba a su monitor cardíaco, consciente de que lejos de EU no tendría acceso a sus especialistas.
Adriana dijo ante las cámaras que ahora el gobierno de Donald Trump “ tiene la vida de mis hijos en sus manos”.
“Lamentablemente, la historia de la familia Hernández García no es única. Fuimos testigos de separaciones familiares devastadoras durante el primer gobierno de Trump, lo que causó daños irreversibles a los niños obligados a soportar estas políticas”, advierte Rochelle Garza, presidenta del Texas Civil Rights Project, la organización que representa a la familia.
En coordinación con organizaciones aliadas, este grupo ha lanzado una campaña para lograr que los Hernández García obtengan un permiso humanitario que les permita regresar a Estados Unidos. Abogados voluntarios han tomado su caso. “Nuestros hijos merecen vivir seguros, sanos y unidos a nosotros”, repite Gonzalo, quien pese a estar a miles de kilómetros de su hogar, mantiene la esperanza de regresar.