Miami.— La administración del presidente Donald Trump desató una controversia internacional al deportar a 238 inmigrantes venezolanos a El Salvador, acusándolos de pertenecer al grupo criminal conocido como Tren de Aragua, y 23 más de otras nacionalidades. La ejecución de las deportaciones provocó una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial en EU.
El juez federal James E. Boasberg emitió una orden para detener temporalmente las deportaciones, argumentando la necesidad de un proceso legal adecuado. Sin embargo, la administración Trump procedió con las deportaciones, alegando que los aviones ya habían salido del espacio aéreo estadounidense al momento de la orden.
“Esta afirmación no ha sido ni probada ni admitida, pero además el juez dijo a la Casa Blanca que su autoridad no termina pasando una frontera marítima sobre aviones estadounidenses, pilotados por ciudadanos estadounidenses y me parece que tiene razón”, señala el académico Stephen Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Texas, a EL UNIVERSAL.
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Sin embargo, “la invocación de esta ley en 2025, en ausencia de una guerra declarada, representa un precedente sin antecedentes claros que está generando un intenso debate sobre su pertinencia y legalidad”, dice Vladeck.
Señala también que “la Ley de Enemigos Extranjeros fue diseñada para conflictos armados entre Estados-nación. Su aplicación contra individuos asociados con organizaciones no estatales en ausencia de una guerra declarada es, cuanto menos, controvertida”. Katherine Yon Ebright, asesora del Brennan Center for Justice, advirtió que “esta ley otorga al presidente poderes extraordinarios que, sin las salvaguardas adecuadas, pueden conducir a violaciones de derechos fundamentales, especialmente cuando se aplica en tiempos de paz”.
El presidente Trump calificó al juez Boasberg como un “lunático de la izquierda radical” y pidió su destitución, intensificando las tensiones entre la Casa Blanca y el Poder Judicial. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, defendió la independencia judicial y enfatizó que la respuesta adecuada a los desacuerdos con fallos judiciales es el proceso de apelación.
Ayer, el juez Boasberg prometió que “llegaré al fondo para determinar si violaron mi orden: quién ordenó esto y cuáles serán las consecuencias”, cerca del final de una audiencia sobre si debería levantar el par de órdenes que emitió.
Boasberg también criticó el tono que la administración había adoptado en algunos de sus documentos. Boasberg, quien es el juez principal del tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, DC, dijo al abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, que el gobierno había utilizado un lenguaje “intemperante e irrespetuoso” que “nunca había visto en EU”.
Trump dijo más tarde en su red Truth Social que “ningún juez de Distrito, ni ningún juez, puede asumir las funciones del presidente de Estados Unidos. Sólo resultaría en crimen y caos. ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”.
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La Unión de Libertades Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés), confirmó a este medio que ya presentó una demanda contra la administración Trump, argumentando que “la Ley de Enemigos Extranjeros no es aplicable en este caso y su uso para justificar las deportaciones es inapropiado”.
La preocupación dentro y fuera de Estados Unidos es que ninguno de los deportados ha pasado por un juicio y ni siquiera se sabe de qué se les acusa a cada uno de ellos.
En un mensaje en la Casa Blanca, a Trump le cuestionaron ayer: “Señor presidente, ¿cree que tiene la autoridad, el poder, para arrestar a personas, deportarlas y luego no tener la obligación de presentar pruebas en su contra ante un tribunal?”.
“Eso es lo que dice la ley y eso es lo que nuestro país necesita”, respondió Trump.
Antes, el mandatario dijo que hay un “sólido proceso de investigación” en vuelos de deportación.
La administración Trump pagará al gobierno salvadoreño un promedio de 20 mil dólares anuales por cada deportado.
Lindsay Toczylowski, abogada de inmigración que representa a uno de los deportados, criticó la falta de debido proceso en estas acciones. Señaló que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales y fueron identificados como pandilleros basándose únicamente en tatuajes o estereotipos. Toczylowski describió esta acción como una “violación profunda del debido proceso y los derechos humanos”, y expresó preocupación por la seguridad de los deportados en las cárceles de El Salvador.
Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos han expresado alarma también por las condiciones en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde fueron enviados los deportados.
Las familias de los deportados enfrentaron una situación de incertidumbre y angustia.
La deportación de estos inmigrantes a El Salvador ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, que denuncian posibles violaciones a los derechos fundamentales y la falta de garantías procesales.