Bruselas.— Las repercusiones del ataque frontal del presidente estadounidense Donald Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) trascienden más allá de la agresión a los principios del derecho internacional y el orden global basado en normas.
Las sanciones impuestas por Trump al organismo encargado de perseguir genocidas están perjudicando las investigaciones de La Haya y socavando los esfuerzos de las personas que dedican su vida a buscar justicia para las víctimas de las mayores atrocidades presenciadas por la humanidad.
La Orden Ejecutiva 14203 también está impactando en la labor de los miembros de la sociedad civil que apoyan los esfuerzos de la Corte, al tiempo que está empoderando a los gobiernos populistas que se muestran reacios a cumplir con sus obligaciones internacionales.
Lee también: Estadounidenses reprueban a Trump por sus decisiones económicas; perciben que finanzas empeorarán, según sondeo
A principios de abril, el premier húngaro Viktor Orbán cobijó en Budapest a su homólogo israelí Benjamin Netanyahu, reclamado por la CPI por cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina.
Con apego al artículo 127 del Estatuto de Roma, Orbán había anunciado el 3 de abril la retirada de su país de la CPI, pero estas decisiones surten efecto un año después de que recibe la notificación oficial la Sección de Tratados de la ONU en Nueva York, por lo tanto, el líder húngaro tenía la obligación de capturar y entregar al prófugo israelí.
El comportamiento hostil de Trump hacia La Haya no es nuevo. Durante su primera gestión como presidente impuso sanciones con la intención de bloquear el arresto, enjuiciamiento, investigación y detención de personal estadounidense o de sus aliados, en relación con las acciones militares y de inteligencia realizadas en el contexto de la guerra en Afganistán.
Para la segunda edición de su carrera presidencial, los estudiosos anticipaban una nueva cruzada, aunque no tan virulenta.
“Es vengativa y agresiva. Es una medida brutal que pretende socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido con tanto esfuerzo durante décadas”, dijo en su momento Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI).
“Al penalizar y obstaculizar el trabajo del tribunal, Trump está socavando abiertamente su capacidad para enjuiciar y disuadir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sancionar a los funcionarios del tribunal, a sus familiares y, potencialmente, incluso a los funcionarios de países amigos, proporciona socorro a brutales dictadores, agresores y otros violadores de los derechos humanos”, detalla Dylan Williams, vicepresidente del departamento de asuntos gubernamentales del Center for International Policy, ONG con sede en Washington.
El pasado 6 de febrero, Trump emitió la Orden Ejecutiva titulada Imposición de sanciones a la CPI. No fue réplica de la Orden Ejecutiva 13928 de junio de 2020 bautizada como Bloqueo de propiedades de ciertas personas asociadas con la CPI y revocada por el expresidente Joe Biden, sino una significativa escalada de sus ambiciones por restringir el alcance de los mecanismos de justicia internacional.
De acuerdo con el centro de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, Charity & Security Network, en la práctica significa que cualquier persona extranjera, incluyendo el personal de la CPI, corre el riesgo de sufrir el bloqueo de sus activos y restricciones de entrada en Estados Unidos, si ayuda, patrocina o proporciona apoyo financiero, técnico o tecnológico en investigaciones contra “personas protegidas”, como son los ciudadanos estadounidenses y sus aliados, incluyendo Israel.
El castigo lleva además nombre y apellido, al incluir al fiscal de la corte, Karim Khan, en el anexo. El encargado de impartir la justicia global está sujeto a sanciones económicas y de viaje.
Lee también: Casa Blanca: Trump estudia despedir al presidente de la Reserva Federal; "no estoy contento con él", asegura
“Aunque está dirigida principalmente a los funcionarios de la CPI, la OE 14203 implica a las ONG porque crea responsabilidad para quienes operan o apoyen al personal de la CPI, como el fiscal Khan, o contribuyan en una investigación. Sin duda, esto crea un amplio efecto amedrentador para las ONG, abogados, académicos y otros actores de la sociedad civil”, sostiene la Charity & Security Network.
Señala que las sanciones para los “colaboradores” pueden acarrear hasta 20 años de cárcel y multas de hasta un millón de dólares.
“El temor a estas cuantiosas sanciones puede disuadir a las ONG con sede en EU de prestar asistencia al personal de la CPI”. Igualmente, puede tener repercusiones en la labor jurídica, al suponer un instrumento intimidatorio para los juristas, por ejemplo, ofrecer una opinión jurídica sobre los alegatos de un caso, puede interpretarse como “apoyo”.
Christophe Paulussen, presidente del consejo ejecutivo del prestigioso Instituto Asser, con sede en La Haya, afirma que los cimientos de la justicia mundial se enfrentan a su mayor prueba en décadas, debido a los peligrosos cambios en el orden global y la amenaza que suponen para los marcos jurídicos establecidos.
“Las sanciones contra funcionarios de la CPI en La Haya representan una escalada profundamente preocupante en el continuo debilitamiento del derecho internacional. Estamos siendo testigos de un peligroso cambio en el que ciertos líderes parecen estar priorizando su poder personal sobre los marcos legales establecidos.
“Aunque se podría argumentar razonablemente que la CPI se enfrenta a una crisis existencial debido a estos desafíos, también se podría afirmar que en realidad demuestran su eficacia: es precisamente porque el tribunal está haciendo rendir cuentas a figuras poderosas por lo que se enfrenta a tanta resistencia”.
Lee también: Aranceles de Trump: Inversionistas estarían perdiendo confianza en EU, alertan economistas ante caída del dólar
Como ilustración, está la detención y extradición del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el primer jefe de Estado reclamado por la justicia internacional en el contexto de la guerra contra las drogas.
Las autoridades filipinas lo detuvieron en Manila el 11 de marzo en cumplimiento a una orden de detención puesta a circular por Interpol. La CPI había solicitado su detención por crímenes de lesa humanidad, vinculados a las presuntas ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar entre 2011 y 2019 en el marco del combate contra las drogas.
Los estudiosos afirman que lo que está en juego en estos momentos no es una institución, sino la preservación de la idea de que el orden jurídico internacional importa. De ahí el llamamiento unísono para los 125 Estados parte del Estatuto de Roma para que cierren filas y se unan en su defensa.
Mark Kersten, profesor del Departamento de Criminología y Justicia Penal de la Universidad del Fraser Valley, Columbia Británica, Canadá, afirma que ante el ataque de Trump se requiere firmeza, inteligencia y creatividad, así como unión en torno al tribunal y su misión.
Señala que hay que decirle con insistencia a Estados Unidos a quién perjudica y beneficia con su posición; proteger al personal de la Corte y diversificar las fuentes de apoyo y de recolección de pruebas para el fortalecimiento de sus 33 casos, 17 investigaciones en curso y tres en examen preliminar.
“Pero las palabras no bastan”, subraya Amnistía Internacional. Para la ONG, los Estados deben convertir sus declaraciones en apoyo concreto, como sería la introducción de leyes nacionales que protejan a particulares y empresas de las sanciones estadounidenses; y la detención y traslado de prófugos de la justicia internacional, como el israelí Netanyahu y el presidente Vladimir Putin, quien enfrenta órdenes de detención desde el 17 de marzo de 2023 en el contexto de la guerra en Ucrania.