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“El presidente Donald Trump no debe usar la oficina más alta, más importante de este país, para intimidar a los migrantes en condiciones vulnerables”, afirma el fiscal general del estado de California, Xavier Becerra.
Asegura que están “comprometidos a proteger los derechos humanos de las personas en California y de todo el país. Es nuestra tarea ayudarlos”. El mandatario Trump lanzó el miércoles pasado, cuando visitaba a familiares de las víctimas de un ataque supremacista en El Paso, Texas, una megarredada en seis ciudades de Mississippi. Después se informó que al menos 122 mexicanos fueron detenidos en esas acciones.
El acto se suma a otros que ha realizado la administración republicana contra los migrantes, por ejemplo, el presidente de la Unión Americana también ha anunciado que pondrá en marcha su plan de “deportaciones exprés”, medida que afecta a indocumentados que no comprueben que han vivido en suelo estadounidense al menos los últimos dos años continuos.
En esa ocasión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que la nueva normativa permitirá expulsar a muchos migrantes de manera más efectiva, puesto que establece que una persona puede ser deportada de inmediato, independientemente de dónde se encuentre y sin tener derecho a un representante legal.
A pesar de esas medidas de la administración Trump, Becerra insiste en su compromiso con la gente de California, incluidos los migrantes. El fiscal subraya que en varias ocasiones ha ido contra las medidas adoptadas por el gobierno del mandatario, entre ellas la separación de los niños de sus padres.
Tras las megarredadas del miércoles pasado, se informó que vecinos de los niños afectados se organizaron y los llevaron a gimnasios o a casas de sus familiares.
“La administración del presidente Tump sin piedad separa a niños y a bebés de sus padres, [quienes] esperan tener derecho a lo básico, como el derecho a la salud, a la alimentación o a la educación.
“Estamos en contra de estas medidas, de todo aquello que sobrepase los derechos de cada persona. [Deploramos] el impacto que esto tiene en los miembros de toda una familia, lo que incluye que los niños sufrirán traumas por la separación innecesaria y forzada de niños, que separados de su padres viven en condiciones inhumanas sin tener acceso a sus necesidades básicas”.
Becerra precisa que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) no ha cumplido con los estándares de seguridad que los menores de edad requieren.
“Todos los niños merecen ser tratados con respeto, el presidente no puede usar la oficina más alta, más importante de este país, para intimidad a los migrantes en condiciones vulnerables”.
Detalla: “Durante más de dos décadas, el gobierno federal ha estado obligando a cumplir con los estándares necesarios para las instalaciones en las que los niños migrantes puedan ser confinados, que las instalaciones de la CBP que tengan niños después de la detención deben ser seguras y adecuadas, y proporcionar a los menores los servicios necesarios que requieren.
“Deben tener derecho a lo más elemental, como acceder a los baños, al agua potable, alimentos, y asistencia médica, entre otras cosas y, por supuesto, a contar con la supervisión adecuada que cada uno de ellos necesita; sin embargo, la CBP no está cumpliendo con sus obligaciones, puesto que las condiciones de los niños no son seguras, el daño que cada uno pudiera tener no es fácil de reparar.
“No daremos marcha atrás con una administración insensible del gobierno del presidente Donald Trump y que nuestras comunidades se vean afectadas; nuestro país se ha beneficiado con el trabajo de nuestros compatriotas, independientemente de su origen; creemos que estas medidas no tienen lugar en nuestro país. Defenderemos la no deportación”, asegura el fiscal.
El procurador de California, quien a principios de este año demandó al presidente por el desvío de fondos para la construcción del muro en la frontera, anunció que con 22 fiscales más de diferentes estados de EU, como Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wa- shington, evitará la posible deportación de cientos de miles de personas que tienen el Estatus de Protección Temporal.
Muchos migrantes “tienen una protección temporal. En Estados Unidos desde hace más de 10 años comenzaron con sus familias y trabajan de manera honrada, contribuyen de manera significativa a sus comunidades, y nos oponemos a estas medidas [de Trump], porque ignoran la seguridad de las personas.
“Nos hemos unido, en conjunto con 22 fiscales de diferentes estados, presentando un escrito ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California, para defender los derechos humanos de los niños, para tener una pronta solución en defensa de ellos y de sus padres que están en condiciones delicadas, porque los daños pueden ser enormes. “Estamos obligados a defenderlos y nos oponemos a estas medidas que consideramos arbitrarias”, esgrime.
