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Miami.— Donald Trump llega a las puertas de su primer aniversario de regreso a la Casa Blanca con la misma lógica que lo trajo de vuelta al poder: una política de choque, centrada en exhibir control del ejecutivo, tensar los límites legales y traducir su coalición electoral en cambios rápidos, aunque no siempre estables ni efectivos.
“Este primer año revela que gobernar, incluso con viento inicial a favor, sigue dependiendo de mayorías estrechas, de la capacidad real de sus decisiones y, sobre todo, de los tribunales que han terminado siendo el escenario donde se decide buena parte de su agenda”, comenta a EL UNIVERSAL la analista Jane Williams. Estos meses “muestran a un presidente que buscó ejercer control desde el día uno y, al mismo tiempo, empujar su agenda en el Congreso, combinando las acciones administrativas con una presión política para llevar sus prioridades en resultados visibles; buenos y malos”, dice Williams.
Ese pulso entre promesa de orden interno y tentación de poder externo se ha repetido en varias áreas. En lo doméstico, el primer año está atravesado por una estrategia conocida como flooding the zone: inundar el sistema con directivas, memorandos, proclamaciones y órdenes ejecutivas forzando a sus opositores, a la burocracia y a los jueces a reaccionar a un ritmo que el aparato estatal difícilmente iguala.
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Hay cientos de casos activos contra acciones ejecutivas y un sistema especializado contabiliza más de 500 expedientes distintos, con decenas de medidas bloqueadas o suspendidas total o parcialmente mientras corren las apelaciones. El Estado se reorientó hacia una reforma administrativa con recorte de plantilla a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Elon Musk fue el rostro político-operativo del plan, asociado a medidas de choque como renuncias incentivadas, cancelación de contratos y empuje por acceder a sistemas de datos y pagos, lo que detonó litigios por la legalidad y transparencia de su papel y por riesgos de privacidad y ciberseguridad, además de críticas por ahorros cuestionables. La composición del equipo también explica el tipo de gobierno que emergió. Trump arrancó con un gabinete diseñado para ejecutar sin titubeos: Marco Rubio como secretario de Estado; Kristi Noem en Seguridad Nacional; Pam Bondi como fiscal general; Pete Hegseth en el Departamento de Guerra; Robert F. Kennedy Jr. en Salud; Howard Lutnick en Comercio, y Russell Vought en la Oficina de Administración y Presupuestos, entre otros.
La norma que concentró prioridades de esta segunda etapa fue hacer permanentes la mayoría de los recortes fiscales de 2017, aumentar recursos para seguridad fronteriza, defensa y producción energética y financiar parte del paquete con recortes importantes a programas sociales como Medicaid (programa público de cobertura de salud para personas de bajos ingresos) y SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), en medio de estimaciones oficiales que proyectan un aumento significativo del déficit a 10 años.
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No obstante, “el ciclo presupuestario siguió tensionado y terminó en un cierre del gobierno federal [en otoño] que se prolongó más de un mes y se cerró con una solución temporal que expira el 30 de enero, y como no se pongan de acuerdo, ya hay un alto riesgo de parálisis gubernamental”, dice Williams.
Fuera del Capitolio, la acción más sostenida fue regulatoria y administrativa, con un énfasis en desregular, recortar normas y en acelerar cambios para que entren en vigor antes de que los tribunales alcancen una resolución definitiva sobre su legalidad. La Casa Blanca ha formalizado una política de “10 por una”, es decir, por cada nueva regulación buscan identificar múltiples normas para eliminarlas y exigir un saldo neto de costos “por debajo de cero”, presentada como disciplina regulatoria y como señal política.
En otro terreno, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), dirigida por Lee Zeldin, abrió 2026 con una “campaña de conmoción y pavor”, para desmontar decenas de reglas, “lo que buscan es iniciar cuanto antes los procesos y así aumentar la probabilidad de que las disputas judiciales se definan durante esta misma administración”, explica la analista.
El papel de la Corte Suprema fue central en el primer año. En inmigración, por ejemplo, permitió en decisiones de emergencia que el gobierno reanudara deportaciones aceleradas a “terceros países” mientras continúan los litigios sobre el debido proceso, al tiempo que tribunales inferiores frenaron partes de la ofensiva caso por caso, como el intento de terminar con el TPS (Estatus de Protección Temporal) para decenas de miles de personas de Honduras, Nepal y Nicaragua, bloqueado por un juez federal a fines de 2025.
Una de las áreas más sensibles que la administración Trump ha intentado avanzar es la orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento: la Corte Suprema recortó de manera decisiva el alcance de las órdenes judiciales de suspensión con alcance nacional, al limitar la capacidad de jueces federales de bloquear políticas a nivel nacional más allá de las partes demandantes, “esto cambió el terreno para litigar contra el ejecutivo y empujó a opositores a buscar efectos masivos mediante demandas colectivas”, dice Williams; ahora, el fondo del caso es, “si la orden ejecutiva es compatible con la Décima Cuarta Enmienda, se encamina a resoluciones que pueden marcar la década, con la Corte como árbitro final en una disputa donde la política y el derecho se superponen casi por completo”, explica la especialista.
La presión judicial también se intensificó en economía y comercio: Trump convirtió los aranceles globales en columna vertebral de su política industrial y de presión geopolítica, pero esa apuesta abrió la pregunta de si una ley de poderes de emergencia pensada para sanciones y crisis nacionales autoriza al presidente a imponer tarifas de alcance casi universal; la Corte aceptó revisar los casos sobre esos aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
A ese panorama se sumó el debate más amplio sobre el “poder del presidente”. En la práctica, la Corte ha sido receptiva en la fase cautelar a varias pretensiones de Trump para controlar la maquinaria estatal, incluidas disputas sobre la remoción de funcionarios en agencias independientes, “lo que deja ver que esta segunda administración busca no sólo revertir políticas, sino modificar el equilibrio entre el presidente y la burocracia reguladora”, señala Williams.
El asunto que más agobia a Trump y que va a continuar es el tema de los archivos del pedófilo Jeffrey Epstein, que se convirtieron en un foco constante de desgaste político y de tensión con su base.
Trump también llega a su primer aniversario con triunfos reales: una gran ley presupuestaria, un gabinete alineado y una ofensiva regulatoria en marcha, pero también con un gobierno que opera bajo litigio casi permanente. El cierre de 2025 y la entrada de 2026 lo ubican, además, en un punto delicado de gestión legislativa, con mayorías estrechas, tensiones internas y episodios que han recordado que la gobernabilidad depende de reunir votos y sostener acuerdos, no sólo de emitir órdenes.
La Cámara de Representantes navega con márgenes mínimos, lo que amplifica el peso de pequeñas facciones y vuelve más probable el retorno de crisis presupuestarias como la que paralizó al gobierno durante semanas en 2025. El presidente entra a su “año dos” con una narrativa en disputa, “para sus bases, es un mandatario que hace cosas y fuerza resultados; para sus críticos, es un ejecutivo que lleva al máximo sus atribuciones institucionales y apuesta a que, cuando lleguen los fallos definitivos, el país ya esté operando bajo las reglas que su administración intentó imponer”, concluye la analista.
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