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Washington. Donald Trump cumple este domingo seis meses desde su regreso a la Casa Blanca, un arranque de segundo mandato marcado por el proteccionismo comercial, el endurecimiento de las medidas migratorias, medidas legislativas divisivas y una inesperada crisis en su hasta ahora leal base, descontenta por el manejo del llamado caso Epstein.
"Hace un año éramos un país muerto y ahora somos la nación más pujante del mundo", aseguró, no obstante, Trump esta semana.
Pulso arancelario con sus aliados
Trump impuso en abril aranceles globales del 10% y anunció, para luego pausar, gravámenes "recíprocos" para reducir el déficit comercial con sus socios, a quienes dio como plazo inicial el 9 de julio para negociar acuerdos, margen que luego extendió de forma definitiva al 1 de agosto.
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Durante esta tregua, Estados Unidos solo cerró pactos con el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y China. Este último fue un convenio temporal que redujo los aranceles estadounidenses del 145% al 30% y los gravámenes chinos del 125% al 10% mientras continúan las negociaciones.
Al no lograr más pactos, el mandatario envió cartas notificando aranceles de entre 20% y 40% a decenas de países, incluidos sus vecinos México (30%) y Canadá (35 %). A Brasil lo amenazó con un 50% por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.
Las conversaciones con la Unión Europea continúan, aunque Trump insiste en que el gravamen del 30% anunciado a Bruselas ya está decidido.
Repliegue internacional y tensiones diplomáticas
En este primer semestre, la administración Trump ha ordenado recortes millonarios a la ayuda internacional y ha exigido a sus aliados de la OTAN un aumento del 2% al 5% en las partidas que los aliados dedican a la defensa.
También ha insistido en lograr acuerdos de paz en Ucrania, con recientes presiones al presidente ruso, Vladímir Putin, y una resolución al conflicto israelí en Gaza, mientras mantiene su fuerte respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que se unió en ataques a instalaciones nucleares en Irán.
En cuanto a América Latina, el gobierno del republicano "ha convertido la migración en su prioridad central" exigiendo mayor control fronterizo a México, Canadá y Centroamérica, además de trabajar por "reducir la influencia china en áreas estratégicas", como la zona del Canal de Panamá, dice a EFE Jason Marczak, director del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.
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Trump también ha causado polémica por sus intenciones de recuperar el Canal panameño y el renombramiento del Golfo de México a Golfo de América, además de encontronazos diplomáticos con Brasil y Colombia.
Una política migratoria de mano dura
El republicano ha radicalizado la gestión migratoria con nuevas órdenes para aumentar las detenciones diarias de migrantes y las deportaciones rápidas, acciones criticadas por defensores de derechos humanos.
La administración ha aumentado los fondos destinados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para multiplicar las redadas. En Los Ángeles este escalamiento provocó masivas protestas que desencadenaron el envío de la Guardia Nacional y miles de marines contra la voluntad de las autoridades locales.
Trump ha eliminado el Estatus de Protección Temporal a nacionales de Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y Afganistán, dejando a cientos de miles en riesgo de perder su estatus legal.
También ha autorizado deportaciones a terceros países y el envío de decenas de personas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a centros de detención en la base naval de Guantánamo (Cuba) y al llamado "Alcatraz Caimán", en Florida.
Recortes, la ruptura con Musk y el caso Epstein
Trump se marcó una victoria tras la aprobación en el Congreso de un megaproyecto fiscal y de recortes al gasto público, que, sin embargo, eleva el déficit fiscal en unos 2.8 billones de dólares. El presidente ha contado con la mayoría legislativa republicana para profundizar su reducción del gasto federal.
En ese contexto, Trump protagonizó una agria ruptura pública con su ahora exaliado y donante, Elon Musk, que reprochó al mandatario socavar su trabajo al frente del polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dejó en mayo, y lo acusó de figurar en la lista de clientes del fallecido Jeffrey Epstein.
Precisamente, el manejo del caso Epstein ha causado una inesperada crisis de confianza entre sus simpatizantes más acérrimos, que exigen la publicación de todas las pruebas contra el financiero acusado de tráfico sexual, como prometió el presidente antes de asumir el poder.
Después de que el FBI descartara la existencia de un listado de clientes y confirmara que el pederasta murió por suicidio, la presión de las bases ha hecho que el mandatario ordene publicar toda la información "creíble" y divulgar testimonios del gran jurado.
