El gobierno y la justicia de España desplegaron ayer todo su arsenal contra el referéndum de independencia de Cataluña, anunciado para el 1 de octubre, mientras los impulsores de la iniciativa mantienen con paso firme su plan.
El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la consulta, al admitir a trámite los cuatro recursos presentados ayer mismo por el ejecutivo conservador del presidente Mariano Rajoy.
Los recursos se refieren a la ley catalana que permite el referéndum, así como el decreto de convocatoria del mismo y la junta electoral recién creada por las autoridades regionales de Cataluña.
Sin embargo, los líderes independentistas desoyeron las decisiones del Constitucional, al que consideran una institución “politizada”, y aseguran que éste no va a parar la votación.
“No suspenderá la democracia en Cataluña ningún consejo de ministros ni ningún tribunal desprestigiado”, dijo el presidente regional Carles Puigdemont.
“La obsesión de suspender constantemente la democracia y la política es inútil ante la firme voluntad de decidir nuestro futuro”, abundó la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
En una comparecencia ofrecida tras dirigir un consejo de ministros extraordinario, Rajoy defendió los recursos interpuestos, aseverando que “la convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas”.
También apeló a los casi 950 alcaldes catalanes, a los que recordó que tienen el “deber” de impedir la consulta. Sin embargo, Puigdemont dijo que les envió una carta en la que les pide que en 48 horas notifiquen los espacios de que disponen para acoger los puntos de votación. Según él, más de 500 ya han dado su apoyo al referéndum, aunque grandes ciudades, como Barcelona, no han respondido. El principal enemigo de la consulta es una abstención masiva.
