Washington.— En 2015, Caitlyn Je-nner apareció en la edición de julio de la revista estadounidense Vanity Fair. “Llámenme Caitlyn”, decía en la portada, dejando atrás para siempre su pasado como el atleta Bruce Jenner e iniciando su transición pública de hombre a mujer, en un país donde el tabú de la exposición social del transgénero supera el miedo a la crítica pública.
Dos años antes, el soldado Bradley Manning, condenado por la filtración de cables diplomáticos a WikiLeaks, anunciaba su intento de iniciar la transición hormonal y llamarse Chelsea. En 2014, Laverne Cox se convertía en la primera transgénero en ser nominada a un Emmy por su papel de Sophia Burset en Orange is the New Black (Netflix), y debutaba en Amazon la serie Transparent, sobre un padre que está en transición de género.
La visualización pública del transgénero, junto con una serie de políticas públicas impulsadas en gran medida por el entonces presidente Barack Obama, debía servir para paliar una realidad de vulnerabilidad alarmante.
A pesar de la reciente apertura, la comunidad transgénero es de las más vulnerables en EU. “Los transgénero enfrentan niveles abrumadores de pobreza, discriminación y violencia”, señala la asociación GLAAD, dedicada a la concientización sobre la comunidad LGBT.
Los datos lo corroboran. Según la Human Rights Campaign, organización por la igualdad de derechos, en 2017 fueron asesinadas 28 personas transgénero, un récord. En lo que va del año las víctimas ya suman 11, la mayoría mujeres negras. La combinación de transfobia, misoginia y racismo es un cóctel que despierta la intransigencia más brutal y violenta.
La discriminación es permanente. Según la encuesta US Trans, realizada por el National Center for Transgender Equality en 2015, 29% de los transgénero vive en la pobreza; su tasa de desempleo triplica a la del resto de población; uno de cada tres sufre abusos y humillación cada año, además de ser despedidos o degradados en su empleo por su identidad de género.
La situación es tan alarmante que 41% de los encuestados confesó que en algún momento había pensado en suicidarse para acabar con las torturas, físicas y sicológicas que sufre.
La llegada de Donald Trump a la presidencia no ha ayudado a mantener la línea de aceptación y tolerancia de la anterior administración. Tal y como cuenta Human Rights Campaign, el mandatario ha apostado por exacerbar leyes discriminatorias, “peligrosos esfuerzos” que envían el mensaje de que “la población transgénero no merece dignidad o justicia” y que “contribuyen a un ambiente tóxico que pone a muchos de nuestros más vulnerables ciudadanos en riesgo de violencia fatal”.
Tras la llegada de Trump, 15 estados presentaron (sin éxito) leyes restrictivas sobre el uso de espacios públicos para los transgénero. La Justicia frenó la intención —injustificada según datos y expertos— de prohibir a los transgénero formar parte del ejército. El gobierno eliminó la protección federal a estudiantes transgénero.
Sin embargo, hay brotes verdes. Un total de 23 estados y más de 200 ciudades tienen leyes específicas de prohibición de discriminación contra la población transgénero y tipifican los crímenes por identidad de género. La mayoría de aseguradoras de salud incluyen provisiones que cubren los costes quirúrgicos de cambio de género, y más de 750 grandes empresas y 13 estados dan a sus empleados seguros de salud inclusivos.
