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Madrid.— La disolución de ETA anunciada para este viernes deja una larga lista de casos pendientes y de terroristas fugitivos, algunos de los cuales fueron vistos por última vez en México.
El Ministerio del Interior español ya ha anunciado que continuarán las operaciones contra los miembros de la banda que tienen causas pendientes. Quedan 120 requisitorias judiciales abiertas contra ETA y, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) hay 312 víctimas de crímenes de la banda que aún no tienen un autor probado. Estos delitos tardan 30 años en prescribir en España, y las víctimas piden que sigan siendo investigados.
La entrega de armas a la policía es especialmente importante para cerrar algunos de estos casos. El año pasado la banda escenificó la devolución de parte de su arsenal, pero las autoridades españolas y francesas saben que mantiene en su poder muchas que podrían servir para esclarecer asesinatos y aumentar las condenas de algunos terroristas ya encarcelados o por detener.
La Cadena Ser también informó esta semana que un grupo de disidentes de ETA que se oponen a la disolución guardan 60 pistolas y material explosivo que robaron de escondites de la banda. Estos disidentes piden una amnistía para todos los encarcelados, pero apenas tienen peso sobre la organización. Su líder es Iñaki Bilbao Goikoetxea, un terrorista encarcelado y al que ETA expulsó en 2014.
Mientras, el círculo sobre los últimos terroristas libres continúa estrechándose. Las investigaciones muestran que la decena de miembros de la banda que quedaban en Francia han escapado hacia otros países, especialmente de América Latina.
La AVT presentó en 1997 una querella que localizaba a 35 etarras en México. Sin embargo, en los últimos años las detenciones de varios terroristas en el país podría haber hecho que los demás lo abandonen.
Por ejemplo, Juan Jesús Narváez Goñi e Itziar Alberdi fueron detenidos en 2014 en Puerto Vallarta, donde llevaban 22 años con nombres falsos y tenían dos hijos que ignoraban su pasado.
El último caso fue el de Ángel María Tellería Uriarte, alias Antxoka, arrestado el año pasado en León, Guanajuato, y entregado a España. En una conversación con motivo de aquella detención, Carmen Ladrón de Guevara y Antonio Guerrero, abogados de la AVT, reconocieron a EL UNIVERSAL la aportación mexicana. “Todo lo que sea detener etarras con causas pendientes es satisfactorio. Tellería estuvo implicado en 1981 en el asesinato de una policía, María Josefa García. México lo detuvo a un mes de que prescribiera el delito y podrá ser juzgado pero, en cualquier caso, el dolor de las víctimas no prescribe nunca”.
Localizar a esos fugitivos no suele ser sencillo. Tellería mantenía una vida discreta y humilde, y la policía sólo pudo localizarlo mediante sus perfiles falsos en Facebook. La AVT asegura que “es difícil saber” si alguno de esos 35 etarras continúa en México, pero que no tiene “constancia directa” de que siga siendo así.
“Los etarras se mueven de un país a otro en función de las facilidades que encuentren. En ese momento había una mayor permisividad general en América Latina, pero desde entonces sabemos que muchos terroristas se tuvieron que mover, por ejemplo desde México y Nicaragua, principalmente a Venezuela, donde hay una colonia de 50 o 60. También tenemos constancia judicial de que hay alguno en Cuba. Si en México quedan algunos, no se prodigan, son discretos y están en situación irregular: eso hace difícil localizarlos. No es como en Venezuela, donde el Tribunal Supremo deniega por sistema las extradiciones y la impunidad es tan absoluta que etarras históricos como José Arturo Cubillas han ocupado puestos en el gobierno de Maduro”.