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Una jueza federal de Colorado emitió este viernes una orden de suspensión temporal de la deportación de la conocida activista mexicana Jeannette Vizguerra argumentando que las autoridades de inmigración deben esperar una apelación en curso.
En su dictamen, la jueza Nina Wang ordenó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y al Fiscal General de Estados Unidos a "no trasladar" a Vizguerra fuera de Colorado ni "expulsarla" del país" salvo una anulación de su orden.
En 2009 Vizguerra, quien llegó al país en 1997 junto con su esposo y una hija, recibió una orden de deportación, la cual se postergó varias veces hasta 2017.
Para evitar ser repatriada, la inmigrante se refugió en la Primera Iglesia Unitaria de Denver y se unió a la lucha a favor de los migrantes. Mientras permanecía refugiada, la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.
Según los abogados de la activista, en 2020 obtuvo una orden de protección temporal migratoria que la protege del arresto y la deportación.
Sin embargo, el pasado lunes, agentes de ICE detuvieron a Vizguerra, quien tiene también tres hijos estadounidenses, cuando salió del supermercado donde trabajaba debido a una "orden final de deportación" emitida hace años.
Dos días después, los abogados de la mexicana presentaron en la corte federal en Denver un recurso legal que establecía que Vizguerra fue detenida injustamente por las autoridades migratorias. A la vez, presentaron una solicitud de revisión ante la Corte de Apelaciones, rechazando la autoridad del ICE para detener a Vizguerra.
El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) indicó que el fallo de hoy brinda una protección adicional a la activista.
"La orden otorga a los abogados de Jeanette y al gobierno, si deciden intervenir, tiempo para resolver el caso de Jeanette sin que la deportación o el traslado inminentes se ciernen sobre ella," puntualizó Jordan García, de AFSC.
Según Raquel Lane-Arellano, de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), ya son 180 las organizaciones locales y nacionales, así como 78 funcionarios electos y dirigentes, que se sumaron al petitorio a favor de la libertad de Vizguerra.
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