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Washington.— El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó a una familia mexicana poder demandar al agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense que mató a su hijo adolescente hace una década en la frontera entre ambos países, dejando de facto impune cualquier futuro asesinato de los agentes de cometidos desde Estados Unidos en México con balas que cruzan las fronteras.
En una decisión dividida en línea con las ideologías de los nueve jueces del Alto Tribunal, la mayoría conservadora, que consideró el hecho una tragedia, puso la necesidad de que los agentes defiendan la seguridad nacional por delante del derecho de los padres de reclamar en una corte federal de EU compensación por la muerte de su hijo.
El caso se remonta a 2010, cuando el agente policial Jesús Mesa Jr. disparó al menos dos veces, una de ellas en la cara, al adolescente mexicano de 15 años Sergio Adrián Hernández Guereca, quien estaba desarmado y jugaba con unos amigos a tocar una valla en el lado estadounidense (El Paso) en una parte donde la frontera no está marcada, y volver corriendo a la parte mexicana (Ciudad Juárez). Mesa detuvo a uno de los niños cuando estaba en el lado de EU por cruzar ilegalmente; Hernández volvió corriendo y fue entonces cuando fue asesinado. La decisión deja sentenciada una demanda similar de otros padres con un hijo asesinado por otro agente policial en Nogales desde Arizona.
El gobierno de México, a través de un comunicado, expresó su “profunda preocupación por los efectos que esta decisión tendrá en otros casos similares, en los que ciudadanos mexicanos han muerto por disparos de fuego efectuados por agentes estadounidenses hacia el lado mexicano”.
México había presentado un amicus curiae de apoyo a la familia del adolescente asesinado, argumentando que los agentes “violaron derechos fundamentales de nacionales mexicanos” y exigiendo que se les proveyera los instrumentos necesarios para que los culpables “rindieran cuentas y se compensara a las víctimas”.
“EU no esperaría menos si la situación fuera a la inversa y un agente mexicano, desde México y disparando a través de la frontera, hubiera matado a un niño estadounidenses que estuviera en territorio de los EU”, afirmaban en el documento.
Con el resultado adverso, el gobierno lamentó que se cree un “precedente” que podría “tener limitaciones para demandar justicia y una reparación del daño en los tribunales de ese país.
La jueza Ruth Ginsburg lideró la oposición de los jueces progresistas a la decisión, argumentando que la “localización en el preciso momento que la bala aterrizó no debería importar una pizca”, apuntando que si el cuerpo hubiera caído en territorio estadounidense no habría discusión sobre el derecho de demandar al gobierno por la muerte. Ginsburg recordó que estos casos “no son un hecho aislado”. Según un análisis realizado por Vice News, de 2003 a 2017 al menos 7 mexicanos murieron asesinados por disparos de agentes de la Patrulla Fronteriza.
También criticó la decisión el abogado de la familia Hernández, Robert Hilliard. “Dejar sin remedio un tiroteo tan violento y sin provocación debilita los fundamentos constitucionales de EU”, lamentó, asegurando que con su opinión el Tribunal Supremo “promociona una actitud del salvaje oeste en nuestra frontera”.
