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La Corte Suprema de Estados Unidos propinó una nueva derrota al gobierno de Donald Trump, esta vez en favor de los dreamers, casi 700 mil jóvenes indocumentados —la mayoría mexicanos— que vivían en el limbo ante la amenaza de quedarse sin el programa DACA que les protege de la deportación.
La administración de Trump había pedido a la Corte que acelerara el proceso judicial que tiene anclada la eliminación total del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), impuesta por decisión unilateral del presidente.
“La petición (…) se deniega sin perjuicio. Se supone que el Tribunal de Apelaciones procederá de manera expedita para decidir sobre este caso”, resolvió el Alto Tribunal, dejando abierta la puerta a que, en un futuro y cuando se agote el procedimiento correcto, pueda aceptar el caso.
El pasado 9 de enero el juez William Alsup, de la corte de San Francisco, decidió que la Casa Blanca había violado una ley de procedimiento administrativo con justificaciones “arbitrarias y caprichosas”, y por tanto obligaba a detener su intención de finiquitar el DACA, cuya fecha final era el 5 de marzo.
Hace dos semanas, un juez de Nueva York coincidió con el veredicto. Así, son dos jurisdicciones las que se oponen al “capricho” de Trump de desamparar a los soñadores, como se conoce a los beneficiarios del DACA.
El gobierno ha apelado las dos sentencias, pero no confía en que la nueva instancia judicial revoque la decisión. “Es muy triste cuando un caso es introducido en el Noveno Circuito [de Apelaciones, en California]. Perdemos, perdemos, perdemos, aunque después nos va bien en la Corte Suprema. Es una cosa muy muy triste”, se lamentó Trump.
La apelación de la decisión de Alsup está exactamente en ese tribunal, una bancada judicial que le ha causado muchos dolores de cabeza al presidente en los 13 meses de gobierno: fue el mismo que congeló todos sus intentos de prohibir la entrada a migrantes y refugiados de países de mayoría musulmana.
La Casa Blanca se mostró ayer muy disconforme con la decisión del Supremo. “El programa DACA, que otorga permisos de trabajo y una miríada de beneficios gubernamentales a inmigrantes ilegales en masa, es claramente ilegal”, señaló en un comunicado el portavoz Raj Shah, dejando claro que desean que el trámite en la corte de apelaciones sea “expedito”.
“DACA es legal; Trump fulminando DACA es ilegal”, respondió Xabier Becerra, fiscal general de California y uno de los demandantes contra el gobierno. Además de los dos bloqueos establecidos, dos cortes más (en Maryland y en la ciudad de Washington) podrían también obligar al gobierno que siga aplicando DACA, lo que alargaría todavía más los procesos legales.
“DACA vuelve atrás, veremos qué pasa de ahora en adelante”, dijo ayer Trump, enigmático.
Al seguir el camino tradicional, lo más probable es que el trámite dure meses, incluso años, en resolverse. Algunos expertos calculan que como pronto el primer fallo en la corte de apelaciones podría darse en junio o julio; otros, como el activista y abogado de origen mexicano César Vargas, predicen que el litigio judicial puede durar hasta dos años más.
Vargas, el que fuera el primer indocumentado habilitado para ser abogado en Nueva York, comentó con EL UNIVERSAL vía telefónica que DACA está “protegido por lo menos un año”, y que en función de la celeridad judicial podría llevar los casos hasta las puertas de las elecciones presidenciales de 2020, y convertirse en un gran tema de campaña.
Los activistas prodreamers se felicitaron de la decisión, aunque con cautela. “[La decisión] No nos da protección permanente de los abusos contra nuestra comunidad”, dijo Greisa Martínez, directora de la asociación United We Dream.
Continuó: “Necesitamos una solución permanente como la Dream Act [proyecto de ley] que no vaya contra nuestras familias y comunidades. La necesitamos para los miles de jóvenes inmigrantes que nunca fueron protegidos por DACA”.
Por eso, no aflojarán en sus demandas y para el 5 de marzo sigue confirmada la manifestación a las puertas del Capitolio para presionar a los legisladores y conseguir la aprobación de una ley para dar solución permanente a los dreamers.
Las renovaciones, por su parte, se están realizando con total normalidad, según Vargas; incluso le está sorprendiendo la celeridad en la que el gobierno las resuelve. El trámite que antes podía durar tres meses ahora se resuelve en un mes, y, al menos en los casos que lleva Vargas, ninguno ha sido denegado.
Cada renovación aprobada son dos años de protección, recuerda el abogado, lo que daría tranquilidad a los dreamers por lo menos hasta 2020, según la fecha de expiración.
Además, la decisión del Supremo quita el sentido de urgencia que tenía el Congreso para dar una solución. A menos de una semana para que el DACA quedara fulminado, los legisladores sólo tenían fracasos.
Sin una fecha límite, es probable que los legisladores dejen de lado para conseguir su reelección en los comicios legislativos de noviembre. El diálogo, sin embargo, sigue.
